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• Algunas de las deficiencias se centran en presiones por auxiliares a usuarios/as para que no lleguen las quejas a las empresas. Acciones como, cambios de horario sin consenso ni consulta, la alta rotación del personal o los cambios de éste cada poco tiempo, para evitar relaciones de servicios estables o de confianza entre usuarios/as y auxiliares.

• La Federación propone la incompatibilidad de optar a un concurso de gestión de ayuda a domicilio si la misma empresa u otra del grupo de empresas, gestionan servicios residenciales. Es curioso, que un mal servicio obliga a los usuarios a pedir traslado institucional a residencias donde las empresas perciben mayor cuantía por usuario/a y la gestión es más “fácil”.

• La política de atención a personas con discapacidad, a través de los servicios de ayuda a domicilio, va en contra de la desinstitucionalización dirigida a todo lo contrario.

• FAMMA ha solicitado una reunión urgente con la consejería de Asuntos Sociales para solucionar esta situación. Los pliegos de condiciones de los contratos deben asegurar una atención especializada dentro y fuera del domicilio.

(Madrid, 25 de marzo de 2025) La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Madrid, FAMMA-Cocemfe Madrid ) exige a las administraciones públicas un mayor control sobre las empresas encargadas de prestar el servicio de ayuda a domicilio para personas con discapacidad. La organización denuncia graves deficiencias en la calidad del servicio a personas con discapacidad como la falta de personal cualificado, desajustes en horarios así como la falta de políticas de su atención centrada en las propias personas con discapacidad en sentido opuesto a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

Dicho tratado, ratificado por España en 2008, establece que los Estados deben garantizar que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y sean incluidas en la comunidad con acceso a servicios de asistencia domiciliaria adecuados. Sin embargo, la realidad en la Comunidad de Madrid está lejos de este principio, ya que los servicios prestados no están adaptados a las necesidades específicas de las personas con discapacidad, equiparándolos en muchos casos a los de las personas mayores, cuando son colectivos con demandas y apoyos muy diferentes.

Algunas de las deficiencias se centran en presiones a los auxiliares para que no lleguen las quejas a las empresas. Acciones como, cambios de horario sin consenso ni consulta, la alta rotación del personal o los cambios de este cada cierto tiempo para evitar relaciones de servicios estables o de confianza entre usuarios/as y auxiliares.

«No se puede tratar a una persona con discapacidad como si sus necesidades fueran idénticas a las de una persona mayor dependiente. El enfoque debe ser completamente distinto. Mientras que en la tercera edad se busca asistencia en la vida cotidiana, en el caso de las personas con discapacidad se debe garantizar su autonomía, su participación activa y su inclusión en la sociedad, tal y como marca la Convención de la ONU», ha explicado el presidente de FAMMA, Javier Font

FAMMA advierte de que la mala calidad del servicio de ayuda a domicilio está empujando a muchas personas con discapacidad a considerar el ingreso en residencias, una tendencia contraria al principio de desinstitucionalización que defiende la ONU y que España ha asumido como objetivo.

“Las administraciones no pueden permitir que la falta de calidad en la ayuda a domicilio empuje a las personas con discapacidad a instituciones residenciales por pura necesidad. Esto supone un retroceso en derechos y en su calidad de vida”, ha subrayado FAMMA.

Ante esta situación, la federación exige una auditoría inmediata del servicio de ayuda a domicilio y la aplicación de mecanismos de control más estrictos, como la supervisión periódica del servicio, la evaluación del personal contratado y sanciones para aquellas empresas que incumplan sus obligaciones. Además, FAMMA reclama que se prohíba expresamente que las empresas que gestionan residencias sean también adjudicatarias del servicio de ayuda a domicilio, para evitar posibles conflictos de interés que incentiven la institucionalización en detrimento de la vida independiente.

«No podemos permitir que empresas que gestionan residencias sean las mismas que prestan la ayuda a domicilio. Esto genera un incentivo perverso que puede estar promoviendo el ingreso en residencias en lugar de garantizar el derecho a vivir de forma independiente. Las administraciones deben garantizar que estos servicios sean prestados por entidades con un único interés: la calidad de vida autónoma de las personas con discapacidad», ha concluido FAMMA.