FAMMA reclama que las personas…

Mesa con papeletasFAMMA-Cocemfe Madrid, ante la proximidad de las elecciones generales del dí­a 20 de noviembre, eleva un llamamiento a la Junta Electoral y al gobierno regional, a los que insta a garantizar que todos los colegios cuenten con las necesarias medidas de accesibilidad para que todos los ciudadanos puedan ejercer su voto sin ningún tipo de limitación.

Hace unos meses, durante las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo, las personas con discapacidad volvieron a encontrarse con un sistemático incumplimiento de la eliminación de barreras arquitectónicas en los colegios electorales para ejercer su derecho al sufragio, sintiéndose muchas de ellas discriminadas por la exclusión que producen este tipo de obstáculos. Incluso pudimos observar como en algunas ciudades, las personas con discapacidad se encontraron con desagradables situaciones que les impidieron votar.

La Federación pudo constatar que, al menos en los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, alrededor de un 70% de los colegios electorales presentaban algún tipo de barrera relacionada con su accesibilidad, o incluso presentaban una imposibilidad de acudir a ellos de una forma completamente autónoma, lo que socavó los derechos de miles de ciudadanos madrileños.

Así­, Famma-Cocemfe Madrid, ante el temor de que esta situación vuelva a repetirse, reclama que la Administración no olvide del cumplimiento de la ley de eliminación de barreras arquitectónicas, una obligación para nuestros dirigentes, de forma que el acceso al voto no se convierta en una misión imposible para las personas con discapacidad fí­sica, que en ocasiones tienen que pasar por situaciones realmente incómodas para ejercer una acción intrí­nseca a todo estado democrático.

“Parece mentira que a estas alturas del siglo XXI tengamos que seguir reclamando algo que ya está protegido por ley. Los polí­ticos continúan convirtiendo la normalidad y la garantí­a de los derechos fundamentales en algo que les debemos agradecer, cuando realmente es lo mí­nimo que se les exige. Al final parece que los ciudadanos estamos al servicio de los polí­ticos cuando quienes deben estar al servicio de los ciudadanos, son ellos, a los que se les olvida sistemáticamente el cumplimiento de la Ley”, asegura Javier Font, presidente de la Federación.

“Además”, continúa Font, “lo que exigimos, podemos y debemos hacerlo en beneficio de toda la sociedad. No se nos olvide que además de las personas con discapacidad también existen muchas personas mayores con movilidad reducida y aunque quizás ya no vayan a estudiar a los colegios, sí­ quieren ir a votar. Nuestra exigencia se produce porque está reconocida y recogida en la normativa regional y estatal, así­ como en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad”.

Este acuerdo europeo, ratificado por España el 23 de noviembre de 2007 y que está en vigor desde el dí­a 3 de mayo de 2008, establece en su artí­culo 29 que los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad el ejercicio de los derechos polí­ticos en igualdad de condiciones, entre otras formas, mediante la garantí­a de que los procedimientos, instalaciones y materiales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.

Por otro lado, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, contení­a en su disposición final quinta un mandato dirigido al Gobierno para el establecimiento de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que deben reunir los entornos, productos y servicios necesarios para la participación de las personas con discapacidad en la vida polí­tica y en los procesos electorales; y en nuestra Comunidad existe la Ley 8/93 de promoción de la accesibilidad de eliminación de barreras arquitectónicas, así­ como el reglamento que la desarrolla. Por la experiencia acumulada, es evidente que la Administración no ajusta sus actuaciones a ninguna de ellas.

FAMMA-Cocemfe Madrid considera que todaví­a hay tiempo para, si todaví­a no lo han hecho, ponerse manos a la obra y organicen un trabajo que derive en una correcta adaptación de los colegios que asegure su completa accesibilidad, y no aquélla a la que se enfrentan miles de personas con discapacidad cada vez que se celebran unas elecciones.