Madrid, 07 de abril de 2022.- La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, (FAMMA Cocemfe Madrid) equipara la situación de las gasolineras con el caso que durante años se han encontrado las ONGs de atención a personas con discapacidad.

El anuncio de la medida llevada a cabo por el Gobierno de la rebaja de 20 céntimos en el combustible, junto con el adelantamiento del importe de la bonificación por parte de las gasolineras, ha causado grandes perjuicios y una asfixia económica, igual a la producida en las ONGs, las cuales mantienen la misma dinámica de financiación para desarrollar programas de atención a personas con discapacidad.

Existe una gran inestabilidad en tanto que las entidades sin ánimo de lucro tienen que adelantar, a través de créditos bancarios, financiación para poder desarrollar proyectos asistenciales, sin la seguridad de saber cuándo, cómo y la cuantía que percibirán, si llegan a recibirla.

De esta manera, las ONGs se ven obligadas a adelantar el dinero que precisan para desarrollar las ayudas, con la incertidumbre de si la cantidad será concedida o no por las distintas administraciones. En definitiva, las entidades sin ánimo de lucro son fuentes de financiación de las distintas administraciones, lo que se convierte en un sistema precario de atención a las personas vulnerables.

En palabras del presidente de la Federación, Javier Font, “Ahora se pone de manifiesto un sistema que lleva funcionando así toda la vida con las asociaciones que atienden a personas con discapacidad. Por parte de las entidades sin ánimo de lucro hemos ido predicando en el desierto durante años. Esperamos que ahora, con lo que ha ocurrido, se abra los ojos ante el triste sistema de financiación en el que estamos inmersos”.

En este sentido, FAMMA explica que este sistema resulta insostenible para las asociaciones que atienden a las personas con discapacidad. Las convocatorias a las que se aplica obligan a realizar el gasto previo a que sea concedida la propia ayuda. Se antepone el propio patrimonio de los miembros voluntarios que componen las juntas directivas para poder adquirir los préstamos y dar continuidad a los programas con una continua inestabilidad por parte de los usuarios y de los trabajadores.