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• Por otro lado, la federación denuncia la inacción de la Comunidad de Madrid por no regular la accesibilidad en estas plataformas.

• Miles de VTC circulan diariamente en la Comunidad de Madrid bajo el paraguas de plataformas como Uber y Bolt, sin ofrecer opciones adaptadas a personas con movilidad reducida. Esta situación vulnera directamente lo establecido en el Reglamento de Transportes de la Comunidad de Madrid.

• FAMMA recuerda que la accesibilidad no es un favor, ni una mejora opcional.

(Madrid, 28 de mayo de 2025) La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Madrid, FAMMA-Cocemfe Madrid exige a las plataformas Uber y Bolt la incorporación inmediata de vehículos adaptados en sus servicios de VTC, y señala directamente a la Comunidad de Madrid y a su consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, por su absoluta pasividad a la hora de garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

En pleno 2025, ni las plataformas tecnológicas de transporte, ni la administración autonómica han tomado medidas eficaces para asegurar la accesibilidad universal en los servicios de vehículos con conductor. Esta situación constituye una violación flagrante de derechos fundamentales, así como del Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano e Interurbano de la Comunidad de Madrid.

“La inaccesibilidad de las VTC no es casual, es estructural. Entre la falta de voluntad de las plataformas y la falta de coraje político del Gobierno regional, se mantiene un sistema excluyente que discrimina sin consecuencias. Es una vergüenza”, ha denunciado Javier Font, presidente de FAMMA.

Una exclusión sistemática en un servicio público encubierto

• Miles de VTC circulan diariamente en la Comunidad de Madrid bajo el paraguas de plataformas como Uber y Bolt, sin ofrecer opciones adaptadas a personas con movilidad reducida.
• Esta situación vulnera directamente lo establecido en el Reglamento de Transportes de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 79/1997 y modificado por el Decreto 13/2018, que en su artículo 63 establece que todos los servicios de transporte público deben ser accesibles y que la Administración velará por que los servicios de transporte que autoriza no discriminen a ningún colectivo.

“Las VTC no son taxis, pero prestan un servicio público de facto. Y como tal, deben cumplir las mismas obligaciones en materia de accesibilidad. El reglamento autonómico es muy claro. Lo que falta es aplicarlo y hacerlo cumplir”, ha añadido Font.

La Comunidad de Madrid es la autoridad competente en materia de ordenación del transporte urbano e interurbano, incluidas las licencias y la regulación de las VTC. Sin embargo, ha permitido que estas plataformas operen sin una sola exigencia en términos de accesibilidad, ignorando tanto la normativa autonómica como la estatal y los compromisos internacionales suscritos por España.

“El consejero, Jorge Rodrigo tiene la llave para cambiar esto. Pero si no hay voluntad política, las plataformas seguirán funcionando sin asumir su parte. No podemos permitirnos más parálisis”, ha subrayado Font.

FAMMA reclama medidas concretas e inmediatas

1. Regulación obligatoria para que todas las plataformas cuenten con un porcentaje mínimo de vehículos adaptados, en línea con las necesidades reales de la población con movilidad reducida.
2. Obligación de que las apps indiquen claramente la disponibilidad de vehículos accesibles, con información veraz sobre tiempos de espera.
3. Formación específica del personal conductor para la correcta atención a personas con discapacidad.
4. Fiscalización y sanción a las plataformas y operadores que incumplan la normativa de accesibilidad.

“No puede ser que en pleno siglo XXI nos hablen de movilidad inteligente y sostenibilidad, y al mismo tiempo ignoren a cientos de miles de ciudadanos que simplemente quieren poder desplazarse como cualquier otra persona. Esto no es progreso, es segregación digital y legal”, concluye Font.

FAMMA recuerda que la accesibilidad no es un favor, ni una mejora opcional: es un derecho reconocido por ley, y su incumplimiento debe tener consecuencias. La inacción administrativa y la indiferencia empresarial deben terminar ya.

FAMMA exige hechos, no excusas. Y no parará hasta que todas las personas tengan el mismo derecho a moverse con libertad y dignidad en la Comunidad de Madrid.