FAMMA-Cocemfe Madrid denuncia que el deterioro y la quiebra de la Universidad Complutense de Madrid, que justifica con argumentos económicos su negativa al restablecimiento del servicio de apoyo sociosanitario para alumnos con gran discapacidad, son derivadas de la mala gestión llevada a cabo en los últimos años y mantenida en la actualidad, además de los sueldos desorbitados que ingresan algunos asesores, gerentes o personal de confianza del rector.

Y es que, según datos ofrecidos por el diario ABC, además de la deuda de 150 millones que acumula la Complutense, con un déficit de 50 millones ese mismo año y de 35 millones en 2011, existen vergonzosos ejemplos como que la gerente y la secretaria del Consejo Social ganan unos 100.000 euros al año, o la existencia de 14 sueldos de más de 94.000 euros y 34 de 78.000, 134 retribuciones que oscilan entre los 52.000 y los 58.000 euros y, por último, otras 14 de entre 45.000 y 47.000 euros anuales.

“Una obra para adaptar un baño, por ejemplo, puede costar 12.000 euros, lo que a lo mejor deja a la facultad sin poder comprar libros durante un año entero”, han sido las últimas palabras del rector que dan autentica vergí¼enza oí­r, máxime cuando la realidad es que existe un autentico despilfarro de fondos públicos en la UCM consentido por el propio rector, y que nadie de la Administración controla.

Estas cifras convierten en algo inexplicable las trabas que la universidad madrileña está poniendo a la puesta en marcha de nuevo de una ayuda asistencial que costarí­a 500 euros al mes, y que garantizarí­a el cumplimiento de la vasta normativa que hace referencia a la igualdad de oportunidades de todos los alumnos en las universidades españolas, y la que concretamente hace referencia a los estudiantes con algún tipo de discapacidad.

“Es una vergí¼enza lo que están haciendo con estos alumnos, y más todaví­a que aquellas personas que les niegan los derechos estén al mismo tiempo permitiendo un despilfarro en salarios a un personal que se está mostrando como absolutamente incompetente para la gestión de un organismo con tanta historia”, denuncia Javier Font presidente de FAMMA-Cocemfe Madrid. “Porque lo que es evidente es que quien percibe esos salarios no son simples trabajadores sin poder de decisión sobre la deriva que está tomando la universidad”.

La Federación madrileña exige una concienzuda revisión de estos datos por parte del rector José Carrillo, acompañada de un diagnóstico real y fiable de los gastos en los que están incurriendo, ya que de seguro existen partidas innecesarias que podrí­an ser utilizadas en lo que realmente se debe: asegurar la plena participación de todos los alumnos en la vida universitaria, y la garantí­a de que aquél que lo desee contará con el apoyo de la universidad pública a la hora de obtener una carrera.