FAMMA-Cocemfe Madrid denuncia la agresión que supone la aprobación el sábado del último Real Decreto que regula la cartera común suplementaria de prestación ortoprotésica, lo que constituye otra vuelta de tuerca más hacia el colectivo de personas con discapacidad, y pide a su Majestad el Rey, quien firma al Real Decreto, que en su calidad de Jefe de Estado y garante del bienestar de todos los ciudadanos españoles, vele e intervenga por el interés de los más vulnerables.

Desde ese sábado, los usuarios de prótesis externas tendrán que abonar una décima parte de su importe, según establece el Real Decreto 1506/2012, por lo que deberán abonar el 10% de las prótesis de mama, de restauración facial (por ejemplo, pabellones auriculares o nariz), prótesis externas de mano y pie, y de los audí­fonos, todos subvencionados hasta ahora al 100% en algunas comunidades, como la madrileña. Lo mismo sucederá con las sillas de ruedas manuales y las prendas de comprensión que utilizan los quemados, o los cojines para pacientes con lesión medular, y también se aplicará ese 10% en la “renovación de componentes externos de los implantes quirúrgicos”.

La Federación madrileña entiende que la aplicación de un copago en la compra de material ortoprótesico evitará la compra del mismo, además de un encarecimiento de los efectos secundarios que propiciará esta decisión a corto plazo, ya que de esta forma se reducirán los niveles de autonomí­a personal de las personas con discapacidad y se propiciará una importante decadencia en su salud personal. “Por tanto”, señala Javier Font, presidente de FAMMA-Cocemfe Madrid, “se producirá un aumento de su paso por hospitales y centros de salud, además de serias dificultades en su inclusión para propiciar un retorno que equilibre la maltrecha economí­a del paí­s y ayude a ser sostenible a nuestro Estado de bienestar”.

FAMMA-Cocemfe Madrid recuerda cómo tras la subida del IVA, las dificultades de acceso al  sistema educativo, la eliminación de programas de empleo para personas con discapacidad, la paralización de la ley de autonomí­a personal, así­ como la eliminación de polí­ticas que propician menos dependencia de la Administración, parece que al Gobierno se le esté olvidando que con polí­ticas integradoras se reduce el gasto social,  su eliminación,  lo aumentará en un plazo inmediato.

“Las personas con discapacidad no lo son por capricho, por lo que pedimos al Gobierno que se ponga en su lugar cuando regula nuevas normas que coartan su autonomí­a personal y reducen su libertad y derecho constitucional a poder vivir con dignidad”, afirma Font. “La Federación quiere recordar al gobierno que las personas con discapacidad no tienen una economí­a personal como la suya, y por tanto deberí­an ponerse en su lugar cuando aprueban nuevas normas que afectan a su economí­a”.

En definitiva, tras la paralización de la Ley de Dependencia,  este Real Decreto propicia un choque frontal hacia el objetivo de integración de las personas con discapacidad: la consecución por su autonomí­a personal. Y es que las actuales actuaciones del Gobierno, están dirigidas en sentido contrario a cualquier actuación que facilite  la autonomí­a personal de las personas con discapacidad, y se le olvida también que el colectivo de personas con discapacidad es  uno de los colectivos más vulnerables y que alcanzó, hasta la fecha, cotas de integración importantes gracias al disfrute de múltiples polí­ticas de integración social.