Faltan 2.400 millones de euros…

Serán necesarios 2.400 millones de euros para atender a las 400.158 personas con dependencia que se encuentran en lista de espera para recibir la prestación o servicio a la que por ley, tienen derecho.

Lo ha denunciado CC.OO., que pide a los partidos polí­ticos que eleven compromisos concretos de cara a las elecciones del 26 de junio. El sindicato recuerda que la lista de espera equivale al 33% de todos los beneficiarios del sistema, es decir, que “uno de cada tres dependientes continúa desatendido” e incide en la evidencia de que se necesita financiación adicional que vaya más allá de los 200 millones de euros presupuestados por el Gobierno para apoyar el nivel mí­nimo, tal y como recoge Europa Press. Afirma que en la actualidad el Sistema de Dependencia atiende mediante una prestación efectiva a unas 802.000 personas con un coste estimado de 7.450 millones de euros anuales, aunque todaví­a se encuentran en lista de espera algo más de 400.000 dependientes. CCOO estima que el coste adicional que tendrí­a garantizar una prestación efectiva a todas los dependientes en lista de espera se situarí­a en el entorno de los 2.400 millones de euros, manteniendo los estándares de atención que actualmente ofrece el SAAD (64% prestaciones de servicios, 36% prestación económica). “El modelo de financiación impuesto desde los recortes de 2012 sólo garantiza recursos adicionales para atender a los dependientes en lista de espera por importe de unos 200 millones de euros, como consecuencia de la ampliación automática de crédito prevista para sufragar el Nivel Mí­nimo de financiación. Esta cifra supone algo menos del 1% del total de gasto estimado”, expone Comisiones Obreras. Por ello, insta a todos los partidos polí­ticos a que se “se comprometan explí­citamente” en sus programas electorales a la “recuperación de un modelo de financiación suficiente” del Sistema de Dependencia, así­ como a que en la próxima legislatura se proceda a una evaluación del mismo en la que participen las administraciones públicas tanto estatal como autonómicas, los partidos polí­ticos y los agentes sociales.