La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se dirigió en su carta de intenciones sobre el Estado de la Unión Europea (UE) a la presidenta del Parlamento y al presidente del Consejo Europeo para enfatizar la necesidad de que la regulación de la tarjeta de discapacidad figure entre las prioridades legislativas de cara al 2023.

La demanda de la existencia de esta tarjeta es una antigua reivindicación del movimiento europeo de la discapacidad y en la que muchas plataformas españolas han planteado esta solicitud.

A día de hoy la Unión Europea carece de un estatuto compartido de discapacidad y esto dificulta la movilidad de las personas con discapacidad en los distintos Estados miembro, ya que la situación de discapacidad de partida de su país no es reconocida por los países de destino. Esta situación provoca que las personas con discapacidad se cohíban a la hora de viajar por temor a no contar en el país de destino con los apoyos que cuenta en su país de procedencia.

Este es uno de los principales motivos por los que es necesario un Estatuto Europeo de la discapacidad que proteja y ampare a las personas con discapacidad de toda la Unión Europea. Desde las instituciones piden, al menos, que cuente con la misma protección que las mercancías y los capitales, que tienen asegurada su libre circulación en todo el territorio de la Unión.