España incumple la Convención de la ONU sobre discapacidad al dejar a 80.000 personas sin derecho al voto
Las personas con discapacidad reclaman accesibilidad en los programas y procesos electorales, así como en la información sobre el voto para garantizar la igualdad de condiciones de todos los ciudadanos.
En 2011, el Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU instó al Gobierno español a cambiar la Ley Orgánica de Régimen General Electoral (LOREG), que vulnera la Convención al permitir privar del derecho al voto a una persona.
Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo reclaman que los partidos políticos y la Junta Electoral Central hagan accesibles sus programas electorales y la información sobre el voto para garantizar la igualdad de condiciones de todos los ciudadanos.
Ante la proximidad de las elecciones Autonómicas y Municipales, la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (FEAPS) impulsa la campaña #MiVotoCuenta2015 con el objetivo de concienciar e informar a las personas con diversidad intelectual o del desarrollo sobre su derecho al voto y la vulneración del artículo 29 de la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, que establece el pleno derecho de estas personas a participar en la vida política, especialmente a través del sufragio.
Esta campaña, que se difundirá a través de la Web Mi Voto Cuenta 2015 y las redes sociales Facebook y Twitter, quiere denunciar la situación en España de casi 80.000 personas, según datos de 2011 de la Junta Electoral Central, privadas del derecho al voto debido a algún tipo de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo por el que su capacidad ha sido modificada judicialmente. Abundando en estos datos, la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) ”“entidad promovida por FEAPS”“, ha realizado un estudio que concluye que el 64% de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que reciben apoyo de sus entidades están privadas del derecho al voto sin justificación motivada.
En 2011, el Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU instó a España a cambiar la Ley Orgánica de Régimen General Electoral (LOREG) y, en octubre de 2013, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados solicitó al Gobierno un informe, a realizar en un plazo de seis meses, con propuestas para adaptar la LOREG a la Convención de la ONU. Más de año y medio después, sin embargo, esta reforma no se ha llevado a cabo.
