Ocho directores de Amnistí­a Internacional (AI) entregaron el pasado jueves en la sede de la Presidencia de Rusia, en Moscú, más de 336.000 firmas de personas de 112 paí­ses para pedir al presidente ruso, Vladimir Putin, que derogue de forma inmediata las leyes que obstaculizan la libertad de expresión, de asociación y de reunión pací­fica en este paí­s.

Además, miembros de AI llevaron más de 44.000 firmas a la embajada de Rusia en España, ubicada en Madrid, después de que varios músicos y bailarines interpretaran frente a este edificio la ‘Canción de Otoño’ de Tchaikovsky, compositor ruso de orientación homosexual. Amnistí­a hizo acciones similares en Berlí­n, Londres, Parí­s, Oslo y Sidney, apenas una semana antes de que comiencen los Juegos Olí­mpicos de Invierno de Sochi 2014.

La directora adjunta de Amnistí­a Internacional en España, Eva Suárez-Llanos, señaló a los periodistas que los Juegos de Sochi 2014 son “una excelente oportunidad para que el presidente Putin anuncie reformas importantes en materia de derechos humanos” y afirmó que desde que el jefe del Estado ruso iniciara su actual mandato, en mayo de 2012, se ha producido “un claro retroceso” en la legislación en este sentido. En relación a la libertad de expresión, Suárez-Llanos apuntó que la legislación rusa “discrimina y estigmatiza a las personas que defienden los derechos de las personas homosexuales, en un contexto de homofobia que las pone en peligro”.

Además, señaló que Rusia ha promulgado “una ley sobre la blasfemia en respuesta al caso de las Pussy Riot, que han sido puestas en libertad, pero Amnistí­a Internacional considera que nunca debieron ser encarceladas y, por tanto, pedimos que les sean retirados los cargos y sean indemnizadas por el tiempo que han pasado en prisión”. Sobre el derecho de manifestación, Suárez-Llanos indicó que, con el actual mandato de Putin, “las fuerzas de seguridad reprimen las manifestaciones con dureza y se ha detenido en los dos últimos años a cientos de personas por ejercer pací­ficamente su derecho a manifestarse. Muchas de ellas son presos de conciencia, como Mijail Kosenko, condenado el pasado mes de octubre a ser internado en un hospital y a recibir tratamiento psiquiátrico forzoso”.

Por último, Suárez-Llanos recalcó que, respecto al derecho de asociación, las ONG tienen “cada vez más dificultades para reunirse y protestar, pero también para trabajar con un mí­nimo de libertad”, ya que la legislación rusa “establece limitaciones muy importantes a las organizaciones de derechos humanos por si realizan actividades polí­ticas que puedan ser consideradas crí­ticas con el Gobierno”. “Esta situación debe terminar. Más de 330.000 personas están diciendo hoy al presidente Putin que los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión deben ser respetados y los Juegos Olí­mpicos de Invierno son una excelente oportunidad para abrir este camino”, concluyó.