La Coordinadora Estatal de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia y la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales llevaron al Congreso de los Diputados más de 250.000 firmas recogidas desde una iniciativa ciudadana para pedir que se cumpla la Ley de Autonomí­a Personal y que se dote a la misma de más recursos económicos.

Según informaron los impulsores de la iniciativa, la recogida de firmas se ha puesto en marcha “ante la demolición controlada del Sistema de Atención a la Dependencia”. Esta demolición se materializa, a juicio de las directoras y gerentes de Servicios Sociales y de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, en las tres reformas que ha sufrido la norma por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

Estas reformas, aseguran, han impactado “de manera cruel en las personas en situación de dependencia”, ya que han impedido el acceso de algunas de ellas al sistema, del que se ha expulsado a otras. Además, prosiguen, más de 200.000 ciudadanos están “en el limbo de la dependencia”, el sistema ha visto mermada su financiación con recortes de más de mil millones de euros y los beneficiarios tienen que soportar que se dilaten los plazos “hasta la desesperación”. Por todo esto, las dos entidades reclaman del Congreso de los Diputados la adopción de una resolución parlamentaria que obligue al Gobierno de España a dotar al Sistema de Dependencia de la partida presupuestaria suficiente (al menos del 50%) para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que corresponden en los términos fijados en los artí­culos 9 y 32 de la misma norma.