Desde ayer domingo, 1 de julio, ya está en vigor el nuevo sistema de participación del usuario en farmacia, el llamado copago farmacéutico, que por primera vez en la historia del Sistema Nacional de Nacional de Salud (SNS) obligará a la mayor parte de pensionistas a pagar un 10 por ciento del precio de sus medicinas, mientras que los trabajadores activos copagarán un porcentaje determinado en función de sus ingresos.

Con este procedimiento, que forma parte de la reforma sanitaria impulsada el pasado mes de abril por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, el Ministerio estima que cada año se podrán ahorrar 551 millones de euros anuales, si se tiene en cuenta también la actualización del IPC de las medicinas de aportación reducida. Sin embargo, la medida ha contado con el rechazo de los agentes sociales y algunas comunidades como Andalucí­a y Cataluña, que hasta el último momento han dudado de que pudiera ponerse en marcha en la fecha prevista, o el Paí­s Vasco, que ha anunciado que no va a aplicar los nuevos copagos.

No obstante, la ministra del ramo, Ana Mato, ha insistido en reiteradas ocasiones que esta medida es “justa y equitativa” ya que “no pagan los que tienen menos y pagan más los que tienen más”, al tiempo que ha destacado que “no tiene afán recaudatorio sino disuasorio”.

Pese a que Sanidad ha defendido la conveniencia de implantar esta medida alegando un consumo desmesurado de fármacos con receta pública, algunos gobiernos regionales han advertido de que este ‘repago farmacéutico’, como así­ lo han llamado desde Andalucí­a, castigará aún más el bolsillo de las rentas más débiles.

Del mismo modo, han alertado del posible efecto disuasorio que en los pensionistas pueden generar esta medida, con el consiguiente peligro de falta de adherencia terapéutica a sus tratamientos –no seguimiento de sus tratamientos– y su riesgos para la salud.

El Paí­s Vasco, por su parte, ha rechazado la medida y ha puesto en marcha un decreto que, además de eludir su aplicación, incluye la exención de pago para pensionistas, parados sin prestación y añade a los demandantes de Renta de Garantí­a de Ingresos (RGI).

Respecto a la cuestión logí­stica de cómo se llevará a cabo esta medida, también han sido muchas las dudas elevadas por las comunidades, que, como la catalana, han admitido tener serias dificultades de poder llegar a tiempo.