Elaboran una guí­a con pautas…

La ‘Guí­a para la inversión socialmente responsable con la discapacidad’ va dirigida a aquellas entidades y personas particulares que quieren depositar su dinero en inversiones que cumplan con criterios relacionados con el buen gobierno, el respeto al medioambiente y que tenga en cuenta, asimismo, aspectos sociales.

Las autoras de este trabajo entienden que para lograr una inversión socialmente responsable hay que ser responsable con la discapacidad, hay que ser inclusivo y hay que tener siempre en el horizonte la Convención de la ONU sobre Discapacidad como norma de referencia. Las Inversiones Socialmente Responsables (ISR) son un valor en alza según explica este trabajo del Cermi, es más, la demanda de fondos socialmente responsables está provocando, a su vez, el desarrollo de nuevos productos y servicios que responden a esta realidad. Sin embargo, estos fondos que buscan generar ISR, para ser estrictos en esa responsabilidad social deben ser inclusivos, e incorporar la dimensión de la discapacidad desde el enfoque de derechos humanos. De ahí­ que surja la necesidad de esta guí­a, como explica una de las autoras de la misma, Leonor Lidón, Delegada del Cermi para la Convención de la ONU y los Derechos Humanos: “Es una necesidad detectada porque realmente no existí­a nada en ese campo, igual que la discapacidad se hizo hueco en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) por derecho propio, ya que en la RSE uno de los ejes son los derechos humanos, y dado que la ISR y la RSE tienen que ir de la mano, era necesario este paso y la guí­a se hace porque dentro del ámbito de la inversión socialmente responsable no habí­a parámetros de cómo se podí­a incluir la discapacidad o cómo se estaba incluyendo”. La necesidad de elaborar esta guí­a e introducir en este ámbito de la ISR la dimensión de la discapacidad la explica Isabel Caballero Pérez, autora también del trabajo y Coordinadora de la Fundación Cermi Mujeres: “Son muchos los grupos de interés, como por ejemplo grupos medioambientales y de consumidores y usuarios, los que han venido trabajando en este sector desde hace años y cuya presión ha servido para fijar una serie de requisitos sin los cuales una determinada inversión no puede ser calificada como socialmente responsable en el área respectiva. El cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad no aparece aún como un criterio y esto es algo en lo que hay que trabajar en los próximos años”. En definitiva, la utilidad, el origen o la razón de ser de esta guí­a es que sirve de herramienta para las organizaciones, para ayudarlas a “divulgar su compromiso con el respeto y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y además contribuye a que las organizaciones sepan qué actividades pueden tener una repercusión positiva o negativa en los derechos de las personas con discapacidad”, explica Isabel Caballero.