El pleno del Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucional que presentó el Gobierno de Central contra la disposición adicional segunda de la Ley de la Comunidad de Madrid 1/2023, de 15 de febrero, de creación de la Agencia Madrileña para Apoyo a las Personas con Discapacidad.

Tras la invocación del Ejecutivo en su demanda el artículo 161.2 de la Constitución, el tribunal ha tomado la decisión de paralizar la aplicación de la disposición impugnada, que “cuando se pretenda llevar a cabo cualquier actuación que afecte al derecho a la vida de la persona con discapacidad a la que se haya provisto de un apoyo de carácter representativo para el ejercicio de la capacidad jurídica o se determine de manera expresa en la resolución que estableció el apoyo, se tramitará un procedimiento de jurisdicción voluntaria para la solicitud de autorización judicial”.

El Gobierno nacional defiende que podría vulnerar la reserva de las competencias del Estado sobre la legislación civil y procesal al establecer requisitos adicionales y distintos a los previstos a la ley de eutanasia.