El tejido asociativo de la…

En la imagen, un trabajador con discapacidad en una reunión en su lugar de trabajo.El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha presentado a la Comisión de Expertos para la Reforma Fiscal creada por el Gobierno un documento con las propuestas fiscales que considera necesarias para las personas con discapacidad y sus familias, en las distintas esferas tributarias, para que se tengan en cuenta en el informe final que eleve al Ejecutivo y que constituirá la base de la reforma impositiva anunciada para 2014.

El documento del Cermi contiene una serie de propuestas que de adoptarse, según el comité, “contribuirí­an a las personas con discapacidad y sus familias a sobrellevar el sobrecoste económico derivado de las situaciones de discapacidad, así­ como a favorecer una mejor inclusión en el mercado de trabajo de este grupo social, que experimenta mayores dificultades objetivas que el resto de ciudadanos, y todo ello de acuerdo con el mandato contenido en el artí­culo 49 de la Constitución Española, de promover polí­ticas públicas que hagan efectivos los derechos de las personas con discapacidad”.

Asimismo, las propuestas del Cermi en materia fiscal se agrupan en los ámbitos tributarios más sensibles para la inclusión de las personas con discapacidad, como son el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí­sicas, la tributación local y la fiscalidad del patrimonio protegido.

A juicio del Cermi, “en los últimos años y en lo que a las cuestiones de í­ndole fiscal se refiere, el legislador ha venido ganando conciencia, y planteando soluciones por ví­a legislativa, en relación con los problemas que afectan a las personas con discapacidad y a sus familias, pero el trato fiscal a la discapacidad está lejos de haber alcanzado el pleno despliegue que esta parte de la población necesita”.

Por último, la entidad reclama medidas que compensen el sobrecoste económico que la situación de discapacidad conlleva para la persona con discapacidad y su entorno familiar, así­ como medidas que promuevan activamente la inserción laboral y el acceso a un empleo que dote a las personas con discapacidad de independencia económica.