El Tribunal Constitucional (TC) acaba de dictaminar la suspensión de la aplicación del euro por receta vigente en la Comunidad de Madrid desde el pasado dí­a 1 de enero. La decisión del TC, conocida esta misma mañana, fue adoptada tras admitir los magistrados del alto tribunal el recurso de inconstitucionalidad presentado contra esta medida por el Gobierno que preside Mariano Rajoy, después de que el TC admitiese ya a trámite un recurso similar respecto al euro por receta en la comunidad de Cataluña y después de que ordenase suspender también allí­ esta medida.

 El pleno del Tribunal Constitucional, que se reúne cada quince dí­as, incluyó el asunto en el pleno de esta semana, que se celebró hoy, y admitió a trámite el recurso del Ejecutivo estatal respecto al euro por receta en Madrid, al igual que en el caso catalán. Por ello, dictaminó la suspensión de forma inmediata de la aplicación de la medida. Además, el tribunal admitió también el recurso contra el euro por receta en Madrid presentado por un grupo de senadores del PSOE (promovido por más de 50 senadores).

En la providencia en la que se detalla la decisión del TC, notificada hoy mismo, el pleno del Constitucional ha da traslado de su decisión a la Comunidad de Madrid para que en el plazo de quince dí­as se persone en el proceso y formule las alegaciones oportunas. Conforme a la legislación, ha dado traslado también de la demanda y de los documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y a la Asamblea de Madrid.

El Gobierno acordó recurrir la medida del euro por receta el pasado 11 de enero, al considerar que gravaba la prestación de un servicio del Sistema Nacional de Salud (SNS) en una determinada comunidad autónoma y que vulneraba la igualdad de los españoles a la hora de acceder a una prestación farmacéutica. Por todo ello, el Ejecutivo estatal determinó que la tasa implantada por la Comunidad de Madrid invade las competencias atribuidas al Estado.

El euro por receta entró en vigor en Madrid entre quejas de los farmacéuticos, que rechazan ser ‘recaudadores’ de una tasa con la que no están de acuerdo, y de los usuarios. La Comunidad de Madrid lo impuso pese a conocer las intenciones del Ejecutivo central de recurrir la tasa catalana y sin tener listo el sistema informático que permite al farmacéutico saber cuándo el ciudadano ha llegado a su tope de aportación, que en Madrid es de 72 euros al año (en Cataluña es de 61 euros).