El Pleno del Senado aprobó una moción impulsada por el Grupo Parlamentario Popular en la que se insta al Gobierno a declarar 2020 Año de la Accesibilidad Universal, como primera medida palpable destinada a garantizar el acceso de todas las personas a los espacios, bienes y servicios.

La moción, que salió adelante por 155 votos a favor, 78 en contra y dos abstenciones, planteaba en su origen que fuera 2017 el Año de la Accesibilidad Universal, pero una enmienda del propio PP retrasó esta fecha hasta 2020.

En la defensa de la iniciativa, el senador popular Jorge Ibarrondo explicó que el cambio de fecha se debe a lo establecido en el Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020, que establece 2017 como el año de finalización de la primera fase del plan y aboga por la elaboración de un informe sobre su cumplimiento en esa fecha.

En concreto, el plan indica que a la finalización de su primera fase “se realizará una evaluación integral de las medidas ejecutadas durante la misma, con el fin de que durante la segunda fase, de 2017 a 2020, además de las medidas propias que han de ejecutarse en esta fase, puedan adoptarse las disposiciones correctoras que se consideren necesarias sobre la marcha del conjunto”.

Este argumento no convenció, sin embargo, a los grupos parlamentarios, que aludieron, en general, al decreto 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que fija 2017 como año lí­mite para el desarrollo de las medidas de accesibilidad.

A juicio de Raquel Andrés, del Grupo Socialista, “no tiene sentido empezar la casa por el tejado, a no ser que estemos interesados solo en una polí­tica de imagen”. Porque, argumentó, o hay gestión encima de la mesa y partidas presupuestarias, o no sirven las buenas intenciones de declarar un Año de la Accesibilidad.

Y es que, prosiguió la senadora socialista, la declaración de un Año de la Accesibilidad “no servirá de nada” si no se ponen medidas para mejorar, por ejemplo, la accesibilidad a las viviendas o si no se cumple la reserva de empleo para personas con discapacidad en las empresas.

Por último, Andrés, como otros representantes de grupos parlamentarios, aludió también en su intervención a las modificaciones del Gobierno a la Ley de Dependencia, de la que, afirmó, hay que retirar el copago impuesto por el Ejecutivo, que “sitúa a muchos dependientes y a sus familias en el umbral de la pobreza”.