El PP defenderá el martes ante el Pleno del Congreso una iniciativa para modificar la ley y aumentar la capacidad jurí­dica de las personas con discapacidad, de cara a dar cumplimiento a una de las recomendaciones recogidas en la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad, que fue aprobada en 2006 por la Asamblea de Naciones Unidas y ratificada por el Parlamento español en 2008.

El portavoz ‘popular’ en la Cámara baja, Alfonso Alonso, destacó tras la Junta de Portavoces de esta semana, que esta modificación legislativa está pendiente desde que España ratificara la Convención en ese 2008 y, por tanto, tiene que suscribir las recomendaciones que en ella se recogí­an desde entonces.

Según explicó, se trata de cambiar la regulación vigente en lo referente al ejercicio de la capacidad jurí­dica de las personas que tienen alguna discapacidad, dado que hasta ahora está establecido el régimen de ‘tutor legal’, sin tener en cuenta el grado de discapacidad de la persona y declarándole directamente “incapaz” de tomar sus propias decisiones.

 En concreto, la proposición no de ley que será sometida a votación ante el Pleno de la Cámara baja insta al Gobierno en primer lugar a remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley para dar cumplimiento al artí­culo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo relativo al ejercicio de la capacidad jurí­dica por las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida.

Bajo la rúbrica general de ‘Igual reconocimiento como persona ante la Ley, el artí­culo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se ocupa en sus diferentes apartados de la consideración jurí­dica de las personas con discapacidad como personas, dotadas, al igual que quienes no se encuentren afectados por discapacidad de ningún tipo, de capacidad jurí­dica.

Es más, el PP quiere en su iniciativa que dicho proyecto de ley establezca las modificaciones necesarias en el proceso judicial de determinación de apoyos para la toma libre de decisiones de las personas con discapacidad que los precisen.

“Se trata de cambiar este sistema y sustituir la toma de decisiones por parte de un tutor. Reconocer que las personas con discapacidad siempre mantienen alguna capacidad jurí­dica para tomar decisiones sobre su propio destino”, detalló el portavoz ‘popular’, Alfonso Alonso.

Así­, será el juez el que determine el grado de discapacidad de la persona, en qué medida puede tomar una serie de decisiones que afecten a su propia vida, a la vez que se puedan establecer una serie de apoyos al colectivo.

“Pero no negar la capacidad jurí­dica y no conducir a una especie de muerte jurí­dica en la que la persona no puede tomar ninguna decisión. Las personas con determinadas discapacidades han de poder participar en tomas de decisiones de acuerdo con su situación particular que afectan a su vida”, insistió.

Por ello, el PP instará al Gobierno a que modifique la legislación española y busque este enfoque “legalmente distinto”, para reconocer que las personas con discapacidad, en alguna medida, pueden decidir, a la vez que propiciarle aquellos apoyos para que puedan gozar de autonomí­a personal y realizarse plenamente.

Dado que el PP cuenta con mayorí­a absoluta en el arco parlamentario, la iniciativa saldrá previsiblemente adelante.