El ministro de Justicia, Rafael Catalá, destacó el esfuerzo realizado durante la pasada legislatura para lograr en España una mayor protección de las personas con discapacidad.

Según informó Justicia, Catalá se refirió a esta cuestión al participar hoy en Madrid en una mesa redonda sobre discapacidad y derecho celebrada en la sede del Centro de Estudios Polí­ticos y Constitucionales. Este encuentro tuvo lugar con motivo del aniversario de la aprobación en diciembre de 2006 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada por España en 2007. En su intervención, Catalá subrayó el esfuerzo acometido en los últimos años por el Gobierno y por los distintos ministerios para mejorar la protección y el fomento de los derechos de las personas con diversidad funcional en el marco de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020.

Recordó que en estos años se ha realizado la reforma de la norma de referencia en este ámbito, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, así­ como un conjunto de reformas legislativas dirigidas a ofrecer una mayor seguridad jurí­dica a este colectivo. Entre estas modificaciones legales están la mayor protección para evitar que las personas con discapacidad se queden sin vivienda, la Ley del Estatuto de la Ví­ctima, la Ley de Asistencia Gratuita y reformas del Código Penal. El ministro destacó la previsión incluida en la ley de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, la reestructuración de la deuda y alquiler social y la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios que afectan a familias con algún miembro con discapacidad en un grado superior al 33%. La ley incrementa, además, el umbral de ingresos a tener en cuenta para la suspensión de los lanzamientos cuando se trate de personas con discapacidad. En la reforma del Código Penal, el ministro resaltó que en los delitos contra la prostitución se ha establecido una separación más ní­tida entre los comportamientos cuya ví­ctima es una persona adulta de aquellos otros que afectan a menores de edad o a personas con discapacidad.