Este proyecto sirve para reforzar la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Con ello se pretende acelerar las revisiones para cumplir con el plazo legalmente establecido, 2 de septiembre de 2024.

Las iniciativas que se han dado a conocer por la cartera, que gestiona la ministra Pilar Llop, suponen una segunda fase del plan que se desarrolló en 2022.

Asimismo, se han aprobado otras medidas de refuerzo externas a través de comisiones de servicio y adscripción de jueces sustitutos en los juzgados especializados en materia de capacidad.