La Confederación Española de Personas con Discapacidad Fí­sica y Orgánica (COCEMFE) celebró el sábado 6 de junio su Asamblea General Ordinaria y trasladó durante el acto de inauguración las principales reivindicaciones de este colectivo al Gobierno a través del director general de Polí­ticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño. El presidente de COCEMFE, Mario Garcí­a, aseguró que “el Gobierno todaví­a tiene tiempo suficiente hasta las próximas elecciones generales para poder abordar las cuestiones que llevamos años demandando. Necesitamos urgentemente la aprobación de un nuevo baremo de discapacidad porque no se pueden dar casos como que una persona trasplantada que vuelve a los equipos de valoración pierda la condición de discapacidad, como si se le hubieran curado todos los males. Los trasplantes no solucionan todos los problemas, se sufren rechazos, efectos secundarios de la medicación y otras tantas complicaciones que hacen imprescindible modificar el baremo”.

“El catálogo ortoprotésico con materiales de última generación tiene que ser una realidad porque no se trata de más dinero sino de conseguir que las secuelas de una discapacidad no se agraven y, de este modo, no se originen gastos añadidos ni un empeoramiento de la salud que se podrí­a haber evitado”, defendió el presidente de la entidad.

De igual modo, Mario Garcí­a mostró su oposición al actual copago de la Ley de Autonomí­a Personal y Dependencia por considerarlo injusto. “El planteamiento que hemos hecho de que estén exentas de aportación todas las personas que tengan unos ingresos que no superen 2,5 veces el IPREM no se ha tenido en cuenta ni por el Gobierno actual ni por el anterior. A una persona que con una pensión baja tiene que destinar el 70% a su plaza residencial, se la está condenando a no hacer nada más que estar en un centro y a no poder tener la vida digna que debe tener cualquier ciudadano. Ante esta situación, desde el sector de la discapacidad a través del CERMI hemos puesto en marcha una Iniciativa Legislativa Popular contra el copago confiscatorio y tenemos muy avanzado el objetivo de conseguir las 500.000 firmas necesarias para su debate en el Congreso”, aseguró Garcí­a.

Por último, el presidente de la entidad indicó que “la ministra de Fomento, Ana Pastor, se comprometió a modificar la Ley de propiedad Horizontal para eliminar las trabas actuales para realizar obras de accesibilidad y el pasado año nos reunimos con altos cargos de dicho ministerio, pero de momento sigue pendiente a pesar de nuestra insistencia”.

Ante las reivindicaciones de COCEMFE, el director general de Polí­ticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño, reconoció que “aún quedan cosas importantes pendientes. En la Comisión de valoración del grado de discapacidad se ha puesto de manifiesto la problemática que existe por la reducción del grado tras recibir un trasplante. Estamos valorando de forma experimental cómo quedarí­an las diferentes discapacidades con el nuevo baremo, el cual se pondrá en marcha en el momento en que sea el más garantista de los derechos de las personas con discapacidad y siempre en colaboración con el CERMI”.

En relación a la actualización del catálogo ortoprotésico, Tremiño afirmó que “se están teniendo en cuenta las aportaciones del colectivo y el Gobierno sacará adelante el nuevo catálogo antes de que acabe la legislatura en consenso con las organizaciones de personas con discapacidad”.

En cuanto a la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para que se puedan eliminar las barreras en los edificios, Ignacio Tremiño confirmó que “el compromiso de la ministra de Fomento, Ana Pastor, para buscar una solución se materializará antes de finalizar la legislatura, acorde a las necesidades y problemática que este colectivo ha planteado”.

Y en relación a la Ley de dependencia, Tremiño destacó que se ha garantizado su futuro “gracias al esfuerzo de todos, de las administraciones y de las personas que reciben las prestaciones” y recordó que “el ministro Alfonso Alonso ha anunciado en sede parlamentaria que a la vuelta del verano quiere revisar la financiación de la Ley para garantizar que todas las personas tengan los mismos derechos sin ninguna restricción”.

Durante la Asamblea, Mario Garcí­a hizo balance del trabajo de la entidad durante 2014 destacando la creación de casi 4.200 puestos de trabajo para las personas con discapacidad, algo que según destacó “es una de las mayores prioridades de la Confederación, puesto que la plena integración en la sociedad del colectivo pasa por tener un empleo digno. Sin olvidarnos, ni mucho menos, de las personas que al tener una gran discapacidad tiene complicado encontrar un puesto de trabajo. Para ellos hemos dedicado las 1.500 plazas de los 45 Centros de Atención Integral en todo el paí­s, centros que en los próximos años se incrementarán hasta alcanzar un total de 55”.

Mario Garcí­a hizo hincapié en el trabajo de COCEMFE en beneficio de la mujer con discapacidad e hizo un llamamiento a “erradicar de una vez por todas la violencia de género ejercida contra el colectivo”, subrayando que “en 2014 la organización detectó 170 casos, a través de su programa de prevención en el que participaron cerca de 2.000 mujeres con discapacidad”.

Durante la Asamblea General Ordinaria de la entidad se aprobaron por unanimidad la memoria de actividades y el balance económico de 2014, el programa de actividades y el presupuesto de 2015 y la incorporación de tres nueva entidades: la Asociación Española del Sueño (ASENARCO), la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Fí­sica (FEDDF) y la Confederación Andaluza de Entidades de Personas con Discapacidad Fí­sica y Orgánica (Andalucí­a Inclusiva).

A continuación, COCEMFE celebró una Asamblea General Extraordinaria en la que se aprobaron por unanimidad los nuevos estatutos de COCEMFE, que entrarán en vigor en 2016 y pretenden facilitar el funcionamiento de la entidad y solucionar los problemas que puedan surgir en el futuro; el reglamento electoral de COCEMFE, con vistas a un desarrollo óptimo de las elecciones de la entidad del próximo año; y el código ético de la organización, un instrumento que servirá de guí­a de actuación para todas las personas que integran la Confederación.