El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a instancias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 29/2006 de Garantí­as y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Se trata del marco legal que regula, entre otras materias, la evaluación, autorización, registro, fabricación, almacenamiento, distribución y farmacovigilancia de los medicamentos, que hacen posible garantizar la seguridad, calidad y eficacia de los mismos.

El objetivo principal es ofrecer nuevas garantí­as de calidad de los fármacos, y mejorar la transparencia y comunicación en las decisiones que tienen relación con la seguridad de los medicamentos.

Desde la aprobación de esta norma, hace ya seis años, se han producido diferentes avances en farmacovigilancia y protección ante el riesgo de entrada de medicamentos falsificados, entre otras materias. Por ello, el Anteproyecto aprobado hoy incorpora las Directivas Europeas 2010/84, y 2011/64 sobre estas materias. Asimismo, actualiza el régimen de infracciones y sanciones en materia de productos sanitarios y de productos cosméticos.

Una de las principales novedades del Anteproyecto es que pasa de una farmacovigilancia reactiva, que consiste en detectar los problemas de seguridad provocados por los medicamentos, a una farmacovigilancia proactiva, que pretende anticiparse a estos problemas y así­ evitarlos. Este nuevo modelo, basado en la Directiva Europea 2010/84 tiene, entre otros, los siguientes objetivos:

1. Incrementar la eficiencia del sistema de farmacovigilancia.

2. Mejorar la comunicación y la transparencia en las decisiones relacionadas con la seguridad de los medicamentos. En este sentido, habrá una lista de medicamentos de especial seguimiento.

3. Fomentar la participación ciudadana. Para ello, se implementará un formulario electrónico para la comunicación de reacciones adversas por parte de profesionales sanitarios y ciudadanos.

4. Reforzar las obligaciones de la industria farmacéutica.

La Directiva 2011/62, que también se incorpora en este anteproyecto, supone un refuerzo imprescindible de las garantí­as en la fabricación y distribución de los fármacos y sus principios activos, así­ como en la venta legal de medicinas a través de Internet y en la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en el canal legal de suministro. Éstas son algunas de las medidas:

1. Nuevas “buenas prácticas de distribución”, que reforzarán las garantí­as de seguridad en el suministro de medicamentos.

2. Mayor control de todos los agentes que participan en la cadena de distribución de medicamentos y sus principios activos.

3. Nuevas obligaciones en las actividades de inspección, y el aumento de inspecciones a fabricantes de principios activos ubicados en terceros paí­ses.

4. Control de los almacenes de medicamentos en las zonas francas.

En cuanto a las variaciones de las autorizaciones de comercialización de medicamentos (dosis, ví­as de administración, etc.) se garantiza que todas, con independencia de si el procedimiento de autorización es nacional o europeo, van a estar sujetas a los mismos criterios de solicitud, evaluación y autorización.

En materia de sanciones, por motivos de salud y seguridad, se extiende a los productos sanitarios, los cosméticos y los productos de cuidado personal, las distintas previsiones que la Ley ya recoge para los medicamentos. De este modo, se adoptan las garantí­as de defensa de la salud pública y las medidas cautelares. A su vez, se prohí­be la venta a domicilio y cualquier tipo de venta indirecta al público de productos sanitarios, así­ como su publicidad.

Por otra parte, el Anteproyecto adecúa los importes que percibe la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) por los servicios como la tramitación de procedimientos de autorización, modificación, renovación o mantenimiento de medicamentos en el mercado, evaluaciones cientí­ficas, etc. Éstas pasan a ser prestaciones patrimoniales de carácter público, no tributario. El anteproyecto destaca excepciones en el pago de la prestación en casos como los siguientes:

1. Para la fabricación de medicamentos sin interés comercial, pero de interés sanitario.

2. Para las actividades relativas a medicamentos de terapia avanzada cuando vayan a ser realizadas por entidades públicas integradas en el Sistema Nacional de Salud, siempre que no estén destinadas a la comercialización.

3. Se aplicará una reducción del 95% en las autorizaciones de comercialización de medicamentos de interés por parte de la Administración. Por ejemplo, en la adecuación de los envases de fármacos a la duración del tratamiento, una medida de eficiencia incluida en la Reforma Sanitaria.

4. Se aplicará una reducción del 70% por la evaluación de medicamentos veterinarios destinados a especies menores.