El Gobierno estudiará el sistema…

En la imagen, un usuario de silla de ruedas accede a un taxi accesible.El Plan de Familia analizará el sistema de rentas mí­nimas de inserción para luchar contra las desigualdades que viven los hogares más vulnerables, para evitar diferencias según la comunidad autónoma a la que pertenezcan. Así­ lo anunció este miércoles el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, en respuesta a una interpelación urgente planteada en el Congreso de los Diputados por la diputada socialista Marí­a Luisa Carcedo sobre la pobreza infantil.

Alonso subrayó que, aunque no es competencia del Estado, es algo que “preocupa a todos” y ese análisis podrá dar “una visión de lo que produce una grave desigualdad en España”. “No es lo mismo pasar dificultades en una comunidad que en otra”, aseveró.

Durante su intervención, el ministro se defendió de las acusaciones de la diputada, que atribuyó la situación que atraviesan miles de familias a las polí­ticas de recorte que ha emprendido el Ejecutivo.
En este sentido, Alonso aseveró que “la causa de la situación de 2013 no puede ser la reforma fiscal que ha entrado en vigor en 2015” y que los datos de la última EPA muestran que hay 185.000 hogares menos en los que nadie trabaja. Asimismo, expuso que para finales de la siguiente legislatura el PP tiene previsto llegar a los 20 millones de empleos, previsiones que no eliminarán la pobreza “estructural” que sufre el paí­s. “Hay una pobreza para la que no hay ni crisis ni recuperaciones que está siempre ahí­ y se alimenta de sí­ misma y eso habí­a antes y la habí­a después. Incluso después de tasas de empleo como la que queremos tener”, dijo.
Por ello, considera que hay que combinar “la polí­tica económica que quiere generar oportunidades y empleo y reformas que vayan al fondo de una pobreza que siempre está latente, y mientras tanto hay que ayudar a las personas que lo pasan mal”.

En esta lí­nea, se mostró “profundamente preocupado” por cómo pueden quedar las entidades del Tercer Sector, con propuestas “irresponsables” que determinan “la anulación de las ayudas para el mantenimiento de las ayudas” o la eliminación del 0,7.