El Gobierno, dispuesto a retocar…

Doctora auscultando a una embarazadaEl Ministerio de Justicia está dispuesto a cambiar la regulación vigente que permite que las mujeres con discapacidad puedan ser esterilizadas sin su consentimiento, al entender que la redacción actual de la norma es “susceptible de mejoras”.

Así­ lo ha transmitido el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) después de que éste pidiera una reunión al ministro con el fin de estudiar la derogación del artí­culo 156 del Código Penal.

La legislación actual establece que la esterilización “no será punible” en el caso de mujeres que adolezcan de “grave deficiencia psí­quica”, aunque establece como requisito previo que “haya sido autorizada por el juez” y “a petición del representante legal del incapaz, oí­do el dictamen de dos especialistas, el Ministerio Fiscal y previa exploración del incapaz”.

El Cermi considera que esta regulación favorece el abuso sexual de las mujeres con discapacidad y, por eso, reclama su derogación inmediata. Además, también denuncia que muchos centros impiden el ingreso de mujeres con discapacidad intelectual si no han sido esterilizadas.

Desde el Ministerio de Justicia, se considera que la normativa actual podrí­a mejorarse “especialmente en el ámbito civil, tanto desde un aspecto sustantivo (con el incremento de las garantí­as previstas y objetivando expresamente las razones de esta intervención), como desde el punto de vista procesal, estudiando la posibilidad de regular un procedimiento especial en la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

El gabinete de Gallardón ha remitido una carta al Cermi, a la que tuvo acceso Servimedia, en la que se compromete a llevar a cabo un “análisis de todas estas cuestiones en el marco de los trabajos prelegislativos” que está desarrollando el Ministerio de Justicia con vistas a posibles cambios durante la presente legislatura.

No obstante, el Gobierno cree que “la esterilización de la persona incapaz realizada con autorización judicial, tomando como criterio rector el de mayor interés de la persona que sufre graves deficiencias psí­quicas, no supone ir en contra de los principios” de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Justicia asegura que “comparte plenamente” la preocupación del Cermi por las personas con discapacidad y el interés que tiene esta organización por adaptar la legislación española a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de este colectivo.

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