El Gobierno destina 51 millones…

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha destinado más de 51 millones de euros adicionales para el ‘Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discriminación laboral (2007-2013)’, de personas en riesgo de exclusión social, desarrollado entre otros por Cáritas España, Cruz Roja, Secretariado Gitano y Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

Según ha explicado la ministra Fátima Báñez, esta partida procede del Fondo Social Europeo, como consecuencia de la “reorientación” de otras destinadas a programas que no tení­an un nivel “tan alto de ejecución” como éste que se pusp en marcha en el año 2000, en el que se han invertido más de medio millón de euros, y ha facilitado empleo a 200.000 personas.

Asimismo, ha indicado que los fondos ascienden ahora hasta los 74 millones de euros, si se tiene en cuenta la cofinanciación por parte de los organismos intermediarios, con el objetivo de atender a un total de 149.000 nuevos beneficiarios, entre los que se encuentran jóvenes en situación de vulnerabilidad (con una tasa de desempleo del 52%), personas con discapacidad (27% de paro) y población gitana (36% de paro), entre otros.

“El objetivo, con esta reorientación de fondos es atender a más gente, sobre todo es este escenario de crisis. El presupuesto asignado a estas organizaciones está dando respuesta a miles de personas que necesitan de esa oporunidad”, ha valorado la ministra, para añadir que este programa es un “ejemplo” en España y Europa, por su gestión “eficaz y valiente, al servicio de los que más lo necesitan”.

Báñez ha destacado que las entidades que forman parte de este proyecto tienen previsto poner en valor “algo vital”, como es, a su juicio, el plan especí­fico de apoyo a la contratación de jóvenes vulnerables por la ví­a de los contratos de formación y aprendizaje y el nuevo contrato indefinido de apoyo a emprendedores. “Se trata de dos nuevas modalidades de contratación que salen reforzadas después de la Reforma Laboral que el jueves se aprueba definitivamente por las Cortes Generales”, ha añadido.

Como consecuencia de la crisis económica, entre 2010 y 2011 se incrementó en un 50 por ciento el número de personas que se dirigieron a estas entidades, lo que ha conllevado la intensificación de los servicios.