El Gobierno destina 340 millones al pago de conciertos de servicios sociales
El Gobierno ha asegurado que ya ha abonado 339.591.603,99 euros en facturas pendientes a los proveedores de conciertos de servicios sociales a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Esta cantidad incluye las facturas saldadas hasta el pasado 21 de noviembre de las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, que eran las que estaban adheridas formalmente al FLA y han solicitado el pago de estos conciertos.
El Ejecutivo informó sobre estos datos tras la reunión que mantuvieron los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, con el presidente Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo, y la junta directiva.
Asimismo, señaló que se está procediendo al pago, correspondiente al mes de noviembre, para abonar las facturas pendientes a proveedores del resto de comunidades autónomas que se han adherido al Fondo de Liquidez Autonómica: Asturias, Baleares, Canarias y Cantabria, por lo que la cantidad se incrementará.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad afirma que abandera una serie de políticas y actuaciones encaminadas a preservar al colectivo de personas con discapacidad de los efectos de la situación económica.
La medida anunciada por el Ministerio de Hacienda, indica en una nota, se suma a otras que el Departamento de Ana Mato ha estado poniendo en marcha, “como por ejemplo la reducción de la aportación que estas personas hacen al gasto farmacéutico o la concesión de hasta 47 millones de euros en concepto de subvenciones sociales con cargo al IRPF”.
Además, varios ministerios han trabajado estrechamente en la articulación de medidas consideran que resultan especialmente ventajosas para el colectivo y citan el real decreto ley que regula los desahucios, por entender que se constata la protección de las familias con una persona con discapacidad a su cargo y la futura Ley de Justicia Gratuita, ya que dicho colectivo no tendrá que pagar ni tasas ni abogados ni procuradores.
