El gobierno de Aragón admite un error con una niña con discapacidad
El Gobierno de Aragón ha admitido que pudo cometer un error al no escolarizar a una niña con discapacidad en una guardería pública. Así se lo ha transmitido el Defensor del Pueblo a la familia de la escolar a través de un documento en el que incluye la versión del Departamento de Educación ante la protesta de los padres.
Los hechos se remontan al 2009, cuando la familia de Daniela Martínez, una niña con síndrome de Angelman, decidió, por consejo médico, apartar a la niña de la guardería Santa María del Pilar. El síndrome le provocaba un retraso madurativo importante, carecía de autonomía para moverse y tuvo que ser ingresada en varias ocasiones por infecciones respiratorias que derivan en cuadros de epilepsia y neumonía. «Comentamos con la directora de la guardería la posibilidad de solicitar plaza de discapacitado con una persona de apoyo para Daniela, que no se tenía en pie ni podía arrastrarse», recordó íngel, padre de la niña.
Sin embargo, la normativa no contempla un plan de apoyo para niños con discapacidad en educación especial y solicitó ayuda al Departamento de Educación porque «Daniela necesitaba una educación especial porque este tipo de enfermedad requiere una estimulación y apoyo pedagógico», advirtió Martínez, al que el Justicia de Aragón dio la razón y solicitó una solución para la escolarización de la niña.
El problema reside en que el sistema educativo no contempla la educación especial de 0 a 3 años de edad porque no hace distinciones entre tipos de educación en ese tramo, por lo que Daniela tuvo que esperar a septiembre para escolarizarse en un centro de educación especial. En este sentido, la familia denunció «un trato discriminatorio a mi hija y a los niños de educación especial de 0 a 3 años de edad, ya que las guarderías públicas ofertan una plaza de discapacitados para quedar bien pero no tienen ni las condiciones ni el personal adecuado».
Ahora, el Defensor del Pueblo ha remitido a la familia Martínez un escrito en el que expone la argumentación del Gobierno de Aragón, que admite que «la escolarización de esta niña podría haberse llevado a cabo bien en el centro de educación infantil ofertado, bien mediante el programa de tratamiento ambulatorio por parte de especialistas».
La respuesta del departamento de Educación llega tarde, pero supone «una satisfacción» para la familia de Daniela, que confía en que la notificación del Defensor del Pueblo «sacuda la conciencia de quien corresponda».
