El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes dos reales decretos por los que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector y para las destinadas a programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF.

Precisamente, en un comunicado, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha explicado que a la convocatoria para las subvenciones con cargo al IRPF podrán acceder las entidades del Tercer Sector colaboradoras con la Administración, además de las entidades sociales y ONG ya previstas el año pasado. En esta ocasión, el Gobierno “dará prioridad” a los proyectos sociales de ayuda a las familias con problemas económicos, especialmente, las que tienen hijos con el fin de combatir la pobreza infantil. “Se trata de reorientar la convocatoria de ayudas sociales con cargo al IRPF y las de régimen general para orientarlas a quienes más lo necesitan”, ha señalado el Ministerio.

Asimismo, en este sentido, ha concretado que el sistema de distribución de subvenciones con cargo al 0,7 por ciento del IRPF es sustituido por “uno más flexible, eficiente y objetivo”, que se basa en áreas de actuación, en lugar de en colectivos y para la que se distribuirán alrededor de 211 millones de euros. Con esta nueva planificación, la ministra de Sanidad, Ana Mato, ya anunció que se dará prioridad a los programas de urgencia social para atender a las necesidades básicas de los que menos tienen, apoyar a las familias con necesidades especiales de atención, en particular las que tengan menores, mayores o dependientes a su cargo, así­ como ayudarlas a una adecuada nutrición de los menores.

En cuanto a las subvenciones de mantenimiento al Tercer Sector, se han modificado, según el Ministerio, para reconocer a las organizaciones que componen el Tercer Sector de Acción Social -unas 29.000 en España- como entidades colaboradoras de la Administración General del Estado. A juicio del departamento que dirige Ana Mato, la nueva regulación garantizará el mantenimiento del régimen de ayudas a las entidades y organizaciones del Tercer Sector que tengan ámbito estatal que desarrollan un papel “fundamental” de colaboración con los poderes públicos para atender situaciones de emergencia social.

Por último, las ayudas se destinarán al mantenimiento, funcionamiento y equipamiento de las sedes centrales de las entidades y organizaciones beneficiarias.