La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, anunció durante su intervención en la apertura de la Asamblea Anual del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que tanto las familias numerosas, como aquellas que tengan menores o mayores con discapacidad a su cargo, recibirán una ayuda de 100 euros al mes, 1.200 euros anuales, gracias a la reforma fiscal.

Según la ministra, se trata de una ayuda que las familias podrán cobrar de forma anticipada, y que es acumulable, de manera que podrí­a ascender a 3.600 euros anuales si se cumplen de manera simultánea las tres situaciones.
Por su parte el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, declaró que aunque el Comité “aún está analizando en profundidad la reforma fiscal”, a priori, está de acuerdo con cualquier medida “que beneficie a las familias lo máximo posible”. Asimismo, Pérez Bueno agradeció a la ministra su voluntad de diálogo y su interlocución constante con el movimiento asociativo de la discapacidad, así­ como el “haber salvado el IRPF cuando elementos externos lo poní­an en peligro”, pero ha recordado que “aún queda mucho por hacer”.

En este sentido, recordó que hay que mejorar el modelo de inclusión laboral de las personas con discapacidad para que “salgamos con armas legales que permitan una mayor actividad laboral del colectivo”; y que hay que acabar con “los agravios cometidos, amparados por la Ley de Propiedad Horizontal”. Además, declaró que hay que reformar el sistema de ayudas a la dependencia, “ya que nació mal planteado y debe ser reorientado hacia la promoción de la autonomí­a personal, sin que existan desigualdades en función del territorio y borrando la lista de espera para la recepción de la ayuda”.

Igualmente, señaló la importancia de crear un espacio socio-sanitario “que aún no hemos llegado a ver”, y denunció la privación del derecho a voto que sufren muchas personas con discapacidad, y que sufrieron recientemente en las pasadas elecciones europeas. Mato agradeció al Cermi y al movimiento asociativo su labor social y su apoyo para identificar barreras y facilitar el ejercicio de derechos y libertades básicas, y ha resaltado que el objetivo del Gobierno es “alcanzar una sociedad lo más inclusiva posible, sin discriminación y basada en la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos”.