La Fiscalí­a solicita penas que suman más de 20 años para el principal imputado, Manuel Ortiz, en el caso de los supuestos abusos sexuales a discapacitados en el centro social de la Cruz Blanca, que gestionan los hermanos franciscanos. Ortiz, más conocido en Córdoba como el padre Manolo, era el director del centro en el momento en el que se produjeron los hechos, que éste negó en todo momento.

En concreto, el Ministerio Público solicita para éste, en su escrito de calificación, cuatro años por cada uno de los dos delitos de abusos a deficientes de los que se le acusa y penas por otros nueve delitos de maltrato no habitual a éstos. En total, el padre Manolo se enfrentará a penas que suman 21 años de prisión. Sobre éste, el juzgado dictó una orden de alejamiento que lo obligó a abandonar el centro y mantener contacto con su personal.

En la causa hay imputadas otras dos personas más, un religioso, cuya identidad es F.G., y un ex cuidador del turno de noche, S.R.D., que no tení­a vinculación laboral con la residencia desde tres años antes de conocerse la denuncia. No obstante, sólo se acusa de haber maltratado a los discapacitados al padre Manolo.

Durante la instrucción del caso, bastante larga y compleja, el juez de Instrucción número 6 de Córdoba interrogó a varios trabajadores del centro de la Cruz Blanca que defienden a Manuel Ortiz negando haber presenciado abusos o maltrato hacia los internos.

La instrucción del caso ha sido difí­cil dada la situación de las ví­ctimas. El juzgado encargó al Instituto de Medicina Legal la realización de un informe psicológico a los deficientes afectados, a los que igualmente se les ha tomado declaración. Además, el abogado defensor presentaba recurso contra todas las resoluciones del magistrado instructor.

Por estos hechos, que se conocieron a raí­z de una denuncia anónima ante la Policí­a Nacional y la propia Fiscalí­a de Córdoba, en octubre de 2009, el Juzgado de lo Penal número 3 de la capital condenó en junio de 2010 a cinco años de prisión a un voluntario del centro y aspirante para entrar en la congregación de la Cruz Blanca, A.C.U.P. Éste aceptó un acuerdo con el Ministerio Público, la defensa y la acusación particular por abusar sexualmente de un interno que padecí­a un 86 por ciento de discapacidad.