S.R. fue despedida mientras se estaba recuperando de un cáncer de mama. A I.R. le denegaron una pensión por discapacidad tras salir por los aires, en un accidente en acto de servicio en Afganistán, en el que se rompió 17 huesos. Y luego le rescindieron el contrato. Estos soldados tení­an compromiso -así­ se denominan los contratos militares- en vigor con el Ministerio de Defensa. Eran personal temporal, como el 87% de la plantilla de tropa y marinerí­a, y fueron apartados porque el Ministerio dirigido por Pedro Morenés consideró que no eran aptos para continuar en el Ejército.

“Diariamente recibimos muchas llamadas de militares en activo a los que se les plantea esta situación”, indica un portavoz de la Asociación de Militares de Tropa y Marinerí­a (AMTM). El Real Decreto 944/2001 permite que Defensa pueda rescindir el compromiso, aunque esté en vigor, si los médicos militares consideran que el evaluado no reúne las condiciones psicofí­sicas necesarias para el servicio, según se recoge en un reportaje publicado por el Diario.es.

Que esta decisión no dependa de un organismo independiente, y la tome la sanidad castrense, es una de las crí­ticas que plantean las asociaciones. Dos años después de sufrir un accidente que le podí­a haber costado la vida en Afganistán, I.R. se llevó una bofetada psicológica al conocer que el Ministerio de Defensa consideraba que su discapacidad era leve, valorada en un 24%.

Se quedaba a un punto de poder tener acceso a una pensión y estaba muy alejada del 65% que le habí­a concedido la Comunidad de Madrid. “Iba en la posición de tirador, un camión embistió al vehí­culo, comenzamos a dar vueltas de campana y yo salí­ despegado. Se me reventó el bazo y el riñón, los he perdido. Y desde entonces he tenido que someterme a 11 operaciones para que me reconstruyan la espalda, el brazo y el pie”, así­ rememora el accidente aunque tenga pocos recuerdos de ese momento ya que perdió la conciencia tras el impacto. Este legionario explica que tras la dura recuperación se hundió al recibir la valoración de su discapacidad emitida por Defensa: “Pensé que no valí­a la pena todo el dolor y el sufrimiento que habí­a aguantado para aferrarme a la vida y poder seguir en mi equipo operativo”.

La disparidad de criterios entre la administración civil y militar quedó en evidencia también en el caso de Silvia Ruiz. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura obligó a Defensa a que le readmitiese, después de que no le renovase el contrato mientras se estaba recuperando de un cáncer de mama. Los magistrados consideraron que las evaluaciones profesionales realizadas a la soldado, hasta la detección de la enfermedad, habí­an sido positivas. Por lo tanto, la decisión del Ministerio de Pedro Morenés no era admisible.

El abogado de Ruiz, Fernando Osuna, defendió en la denuncia que el mismo Real Decreto que abre la puerta a la rescisión de los compromisos por insuficiencias psicofí­sicas, también recoge que los soldados con alguna enfermedad o discapacidad pueden tener acceso a una reubicación. “Estos militares sufren una doble discriminación. Habrí­a que ofrecerles un puesto adaptado, al que puedan acceder forma voluntaria, para no dejarles desamparados”, indica Mariano Casado, representante de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME). Por su parte, el portavoz de la Asociación de Militares de Tropa y Marinerí­a reseña que con estas bajas Defensa intenta rejuvenecer la plantilla, cesando así­ las relaciones laborales de los trabajadores con los contratos más precarios. “En vez de gastarse dinero en reubicarles, les mandan al paro”, indica.

Por último, la Asociación de Militares de Tropa y Marinerí­a señala que de cada 100 casos solo reclaman cuatro o cinco. Y ponen el ejemplo de Silvia Ruiz e Iván Ramos. Si no hubiesen mostrado su disconformidad se hubiesen ido a casa sin pensión y solo con el paro.