El Defensor del Pueblo ha interpuesto recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 2015 que afecta al acceso al empleo público de las personas con discapacidad.

La institución que dirige Soledad Becerril considera que la sentencia del Supremo “no protege suficientemente a las personas con discapacidad en su derecho de acceso al empleo público, pues realiza una interpretación restrictiva de los requisitos por los que se accede desde el turno especial de discapacidad”, según señala en un comunicado.

La sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2015 desestimó el recurso de casación 3.521/2013, interpuesto contra la sentencia de 17 de julio de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) se habí­a dirigido al Defensor del Pueblo para solicitar la interposición de un recurso de amparo ante el Constitucional por entender que el Supremo hace una interpretación “restrictiva” del artí­culo 3.3 del Real Decreto 2.271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
“A nuestro juicio si prospera dicha interpretación se estarí­an vaciando de contenido y haciendo inútil en la práctica las medidas de cuota establecidas en el artí­culo 59 del Estatuto del Empleado Público y en el RD 2.271/2004, antes citado, lo que causarí­a perjuicios de difí­cil reparación para las personas con discapacidad”, indica el escrito enviado por el Cermi al Defensor del Pueblo para solicitar la interposición del recurso de amparo.