EL DEFENSOR DEL PUEBLO INDICA…

El Defensor del Pueblo respaldará la demanda de CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) para exigir el mí­nimo legal de accesibilidad para usuarios con movilidad reducida a empresas de alquiler de vehí­culos con conductor (VTC) como Uber y Cabify.

Por otra parte, la Secretarí­a de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda argumenta que la actividad de arrendamiento de vehí­culos con conductor no se trata de un servicio público, por lo que se entiende, que no es posible que desde la Administración se imponga a una parte de ellos determinadas obligaciones de servicio público que no hayan de ser cumplidas por los demás. 

Sin embargo, el Defensor del Pueblo ha remitido un escrito a la Secretarí­a de Estado indicando que las obligaciones en materia de accesibilidad en el ámbito del transporte no son exclusivas de los servicios públicos.

Además, apunta que la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social establece que: todas las personas fí­sicas o jurí­dicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligadas, en sus actividades y en las transacciones consiguientes, al cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, evitando discriminaciones, directas o indirectas.