El Defensor del Pueblo evaluará las políticas municipales en materia de accesibilidad
El Defensor del pueblo, encargado de velar por los derechos sociales y las libertades públicas, ha iniciado una actuación para examinar los planes y logros de los ayuntamientos del país para mejorar accesibilidad de los espacios públicos.
La oficina ha escogido para el análisis tres ciudades de más de 100.00 habitantes (Bilbao, Tarragona y La Coruña), tres intermedias de entre 10.000 y 100.000 (Soria, Tudela y Ciudad Real) y otras tres de menos de 10.000 habitantes (Daroca, Alburquerque y Toro).
El Alto Comisionado, dirigido por Soledad Becerril, ha preguntado a los ayuntamientos seleccionados por las medidas que tienen previsto tomar para adaptar espacios públicos y edificios políticos durante el ejercicio de 2017, y cuáles son las vías de comunicación a disposición de la ciudadanía para transmitir sus quejas y solicitudes en este aspecto.
Ya en octubre y noviembre del pasado año, el Defensor del Pueblo realizó un informe en base a decenas de encuestas a personas con discapacidad física sobre las barreras arquitectónicas que encuentran a diario en sus ciudades. El estudio recogió las dificultades de los ciudadanos para manifestar sus reclamaciones y obtener una respuesta, y la percepción de escaso o inexistente presupuesto para la adaptabilidad.
El 4 de diciembre de 2017 es el plazo máximo que tienen los consistorios de todo el país para que el total de las infraestructuras públicas estén adaptadas a personas con problemas de movilidad.
