El Defensor del Pueblo evaluará…

accesibilidad

El Defensor del pueblo, encargado de velar por los derechos sociales y las libertades públicas, ha iniciado una actuación para examinar los planes y logros de los ayuntamientos del paí­s para mejorar accesibilidad de los espacios públicos.

La oficina ha escogido para el análisis tres ciudades de más de 100.00 habitantes (Bilbao, Tarragona y La Coruña), tres intermedias de entre 10.000 y 100.000 (Soria, Tudela y Ciudad Real) y otras tres de menos de 10.000 habitantes (Daroca, Alburquerque y Toro).

El Alto Comisionado, dirigido por Soledad Becerril, ha preguntado a los ayuntamientos seleccionados por las medidas que tienen previsto tomar para adaptar espacios públicos y edificios polí­ticos durante el ejercicio de 2017, y cuáles son las ví­as de comunicación a disposición de la ciudadaní­a para transmitir sus quejas y solicitudes en este aspecto.

Ya en octubre y noviembre del pasado año, el Defensor del Pueblo realizó un informe en base a decenas de encuestas a personas con discapacidad fí­sica sobre las barreras arquitectónicas que encuentran a diario en sus ciudades. El estudio recogió las dificultades de los ciudadanos para manifestar sus reclamaciones y obtener una respuesta, y la percepción de escaso o inexistente presupuesto para la adaptabilidad.

El 4 de diciembre de 2017 es el plazo máximo que tienen los consistorios de todo el paí­s para que el total de las infraestructuras públicas estén adaptadas a personas con problemas de movilidad.

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