La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados rechazó recientemente una proposición no de ley de Convergencia i Unió (CiU) que pedí­a que las corporaciones locales recuperasen las competencias en materia de servicios sociales.

El resultado de la votación fue de 23 votos en contra y 18 a favor, ya que contó con el apoyo del resto de grupos de la oposición pero fue rechazada con los votos en contra del Partido Popular, que considera que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobada por el Gobierno garantiza la solidaridad entre territorios y la igualdad de todos los españoles con independencia de su lugar de origen. “Con esta ley se garantiza el acceso de los españoles a todos los servicios sociales sin importar su lugar de origen, así­ como la igualdad entre los ciudadanos que la anterior legislación impedí­a”, expuso Marí­a Teresa Martí­n Pozo, portavoz adjunta del PP. Por su parte, CiU, impulsor de la proposición, cuestionó la viabilidad de la medida, al tiempo que alertó sobre la “indefensión” a la que quedarí­an sometidos muchos ciudadanos. “Esta ley rompe con la filosofí­a establecida en los últimos 35 años que establece que los servicios sociales son más eficaces si se gestionan desde lo local. La nueva ley varí­a sustancialmente esta situación. Reduce a las administraciones locales a un papel residual en la gestión de los servicios sociales dejando en la indefensión a muchas personas que, como consecuencia de la crisis, lo están pasando mal”, explicó Carles Campuzano, diputado de CiU.

Por su parte, el PSOE expresó su preocupación porque el Gobierno se haya mostrado “autoritario” y “dispuesto a llegar hasta el final en soledad” en un asunto de la trascendencia de la gestión de los servicios sociales. “El Gobierno ignora al Consejo de Estado y a todo el Parlamento, así­ como a muchos de sus propios alcaldes. Esta reforma hace daño a los ciudadanos porque tendrán servicios más caros e ineficientes”, subrayó Luis Garcí­a Sahuquillo, portavoz adjunto del PSOE .

Por último, del mismo modo, los socialistas denuncian que esta ley rompe con el consenso entre la comunidad cientí­fica y polí­tica, aboca al abandono a las zonas rurales y deja en la “precariedad” a muchos ciudadanos. Ante estos argumentos, el Grupo Parlamentario Popular afirmó que la nueva ley garantiza la igualdad entre los ciudadanos y asegura la suficiencia financiera de los servicios sociales. “Esta ley se caracteriza por garantizar la igualdad de todos los ciudadanos empezando por los más desfavorecidos. Además, garantiza la suficiencia económica de estos servicios, lo que no ocurrí­a anteriormente”, concluyó Martí­n Pozo.