El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a una Proposición no de Ley en la que se insta al Gobierno a actualizar la Estrategia Nacional en Seguridad del Paciente, en coordinación con las comunidades autónomas, los profesionales sanitarios y los pacientes, orientándola hacia la prevención de los efectos adversos y evaluando su impacto en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Precisamente, aunque la iniciativa haya salido adelante impulsada por el PP, con el apoyo de Foro Asturias y UPN, ha contado con la abstención del PNV y el voto en contra del resto de la oposición. En ella, los ‘populares’ hacen referencia a datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad de diciembre de 2011, donde se destaca que alrededor del 10 por ciento de los pacientes ingresados en hospitales sufren algún efecto adverso (EA) como consecuencia de la atención sanitaria, así­ como que el 50 por ciento de estos efectos adversos podrí­an haberse evitado aplicando prácticas seguras de efectividad demostrada. El defensor de la iniciativa, el diputado del PP y vicepresidente de la Comisión de Sanidad, Antonio Román, ha pedido la actualización de la Estrategia Nacional en Seguridad del Paciente porque, a su juicio, debe seguir desarrollándose en base a una alianza entre el gobierno central y los autonómicos, los profesionales, pacientes, gestores y las instituciones académicas y de investigación. Según ha explicado en su intervención, la Estrategia debe contener acciones que permitan impulsar, y también evaluar, prácticas clí­nicas seguras. “Debe convertirse en un instrumento evaluable, dinámico, que permita revisión, actualización y mejora continua”, ha añadido.