El Congreso debatirá reforzar la seguridad en las tarjetas de estacionamiento para vehículos de personas con discapacidad
El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a promover la implantación de sistemas de seguridad en las tarjetas de estacionamiento para vehículos que transportan a personas con movilidad reducida, promoviendo que estos documentos incorporen elementos que dificulten el falseamiento de las mismas, como el holograma o el chip, por ejemplo.
La iniciativa ha sido presentada para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad y en ella, los populares argumentan que las personas con discapacidad y problemas de movilidad se encuentran en una «clara situación de desventaja» respecto de las demás personas, para realizar un gran número de actividades cotidianas.
En especial, destaca su dificultad para acceder en igualdad de condiciones que el resto a los espacios y servicios comunitarios y desenvolverse con una mínima comodidad en su medio habitual de vida. «De ahí la necesidad de articular mecanismos que permitan superar tales limitaciones», argumenta.
En este sentido, el PP cita a la Constitución Española que a su juicio consagra en su artículo 14 el principio de igualdad de todos los españoles ante la Ley y, en el artículo 49, la obligatoriedad de todos los poderes públicos de desarrollar sus políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos.
Es más, dice que son las comunidades autónomas las que legislan sobre esta materia y por lo tanto la promoción de la implantación de estos sistemas de seguridad por parte del Gobierno se realizará respetando el reparto de competencias establecido en la Constitución Española y en los Estatutos de Autonomía.
Así, recuerda que en la mayor parte de los casos, las comunidades autónomas facultan a los ayuntamientos, la tramitación y concesión de este documento. «La tarjeta en cuestión se concede a las personas cuya discapacidad les origine una movilidad reducida, ajustándose su obtención a las disposiciones nacionales correspondientes, debiendo la Administración competente, en todo caso, entregar al beneficiario un resumen de las condiciones de utilización de la misma en los distintos Estados miembros de la Unión Europea», concluye el PP.
