El Congreso de los Diputados…

entrada del Congreso de los DiputadosEl Congreso de los Diputados celebra este lunes a las 13.00 horas el XXX Aniversario de la aprobación de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) en un acto al que asistirá la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y el presidente del CERMI, Luis Cayo.

En un documento hecho público por esta organización, se presenta la Ley de Integración Social de los Minusválidos, como la “base para todos los avances en materia de derechos e inclusión producidos desde entonces”. Se trata de la primera ley aprobada en España con carácter general y sistemático dirigida a regular la atención y los apoyos a las personas con discapacidad y sus familias.

Esta norma, que ha estado vigente, con sucesivas modificaciones de distinto calado, desde su adopción por las Cortes Generales hace 30 años, ha sido “globalmente positiva”, según el CERMI, a pesar de sus muchas limitaciones y de algunos incumplimientos que con el tiempo se convirtieron en permanentes, ya que “contribuyó a conformar las polí­ticas públicas de discapacidad de España en este largo perí­odo de vigencia”.

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha apuntado que la LISMI “garantiza el derecho a la igualdad de oportunidades y la igualdad de los españoles ante la ley sin que pueda existir discriminación por ninguna razón o circunstancia personal o social”.

“Estos progresos son el resultado de una evolución de la que en España podemos sentirnos muy satisfechos y precisamente ese es un motivo para reconocer la enorme importancia que tuvo la LISMI como punto de partida de una revolución que ha ido mejorando ostensiblemente las condiciones de vida de las personas con discapacidad”, ha apostillado Moreno Bonilla.

Por su parte, el presidente de COCEMFE y ex presidente del CERMI, Mario Garcí­a Sánchez, cree que es indudable que la aprobación de esta Ley fue “un paso de gigante” en la consecución de uno de los objetivos que toda persona se plantea en la vida, como es tener un empleo digno. En cualquier caso, advierte de que “hay que retomar el fomento de la autonomí­a personal, dado que los escasos esfuerzos de la sanidad actual son insuficientes”.

También ha planteado los futuros retos la diputada en el Congreso y portavoz de Discapacidad del GP Catalán-CiU, Concepció Tarruella, quien insiste en que aunque hasta la fecha la ley LISMI “ha hecho un buen papel”, ahora “toca promover una nueva Ley para lograr la plena integración y ocupación de todas las personas con alguna discapacidad”.

De hecho, como futuro inmediato, la LISMI debe desaparecer como tal, ya que el Gobierno, por mandato de la reciente Ley 26/2011, de 1 de agosto, ha de refundir en un único texto legal la LISMI, la LIONDAU (2003) y la Ley de Infracciones y Sanciones (2007), que son las tres principales disposiciones legales de carácter general vigentes en España consagradas a las personas con discapacidad.

Finalmente, el ex director gerente de FEAPS y actual delegado del CERMI de Estrategia y para el Tercer Sector, Paulino Azúa Berra, ha concluido que el lenguaje de este texto “puede parecer obsoleto”, puesto que “la integración ha quedado superada por la inclusión, la minusvalí­a ha dado paso a la discapacidad y la incapacitación jurí­dica está siendo revisada a la luz de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

“Es, en definitiva, una ley a la que el paso del tiempo le ha dejado su marca. Pero fue una ley importante y necesaria. Sin ella, la situación de las personas con discapacidad en España serí­a hoy distinta. Y seguramente peor”, ha sentenciado.