El Congreso de los Diputados aprobó ayer martes  la creación de una Subcomisión que analice los problemas estructurales del sistema sanitario y las principales reformas que deben acometerse para garantizar su sostenibilidad, de la que debe salir el esperado Pacto por la Sanidad.

El portavoz del PP, Manuel Cervera, ha defendido la necesidad de un pacto y de la creación de esta subcomisión, desde la que ha asegurado que “se seguirá apretando al Gobierno para que trabaje para mantener una sanidad “sostenible en el tiempo”.Sin embargo, la mayorí­a de grupos de la oposición han condicionado su futuro a que el Gobierno modifique el rango del Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes para la Sanidad para que tenga un desarrollo parlamentario como proyecto de ley el próximo 17 de mayo cuando se debata y vote en el Pleno.

Así­ lo han solicitado los representantes del Partido Socialista, CiU, la Izquierda Plural y ERC participantes en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de dicha Cámara, donde han pedido al Grupo Popular que garantice este cambio en la tramitación del Real Decreto Ley de reformas para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que se validará la próxima semana en el Pleno.

“Queremos darle una oportunidad a este pacto y dejamos la puerta abierta al diálogo”, ha aseverado el portavoz socialista José Martí­nez Olmos, que sin embargo ha criticado que “la forma de hacer las cosas de este Gobierno, sin consensos, hace casi imposible llegar a este pacto”.

La diputada de CiU e impulsora de la creación de esta Subcomisión, Conxita Tarruella, también ha pedido la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto que recoge los recortes sanitarios ya que, a su juicio, representa un “antes y un después en el sistema sanitario”. Según ha recordado, esta norma se ha aprobado sin ningún diálogo ni consenso, ni siquiera con las comunidades, ya que no se expusieron en el Consejo Interterritorial muchas de las partes de esta norma”. “Pero nosotros -añadió- no queremos tirar la toalla porque este pacto lo están pidiendo los profesionales y en la calle”, ha asegurado Tarruella, que confí­a en que el RD se tramite como proyecto de ley para poder “corregirlo” e incluir las recomendaciones que se extraigan de esta subcomisión.

Más crí­ticos se han mostrado el diputado de ERC Joan Tardá, que se ha negado a “construir paripés”, o el de IU Gaspar Llamazares, en contra de “comisiones del desacuerdo o de imposiciones de la mayorí­a sobre la minorí­a”. De hecho ambos diputados han abandonado la sala antes de la votación en señal de protesta.

Por otro lado, en la Comisión de Sanidad se ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley para que el Gobierno inicie en los próximos seis meses el desarrollo reglamentario de la Ley General de Salud Pública para extender el derecho a la asistencia sanitaria pública a quienes ejerzan una actividad por cuenta propia, colectivo de 200.000 personas (sobre todo arquitectos y abogados) que siguen sin tener reconocido este derecho.

El Grupo Socialista, sin embargo, ha recordado que  la Ley obligaba al Gobierno a dar amparo a estos ciudadanos antes de abril de este año. Sin embargo, ha explicado Martí­nez Olmos, “con las reformas aprobadas por el Gobierno se anula la Ley General de Sanidad y deja sin garantí­as jurí­dicas a estas personas”. El portavoz socialista ha anunciado, al respecto, que van a pedir un informe a la Abogací­a del Estado que “corrobore si con el Real Decreto-Ley queda derogada o no la universalización que incluí­a la ley de salud pública”.

Por otro lado, el Congreso también ha aprobado por unanimidad pedir al Gobierno que presente ante el Consejo Interterritorial una propuesta que permita la coordinación interautonómica de los cribados poblacionales. En concreto, se pide que haga posible la adherencia estricta a los criterios que deben incluir, asegurar la existencia de registros fiables, e impulsar la investigación cientí­fica de calidad en la que poder basar las recomendaciones de estos cribados.

Asimismo, también se ha dado luz verde a sendas proposiciones no de ley por las que se insta a impulsar la hospitalización domiciliaria y a definir los mecanismos de actuación que permitan definir la fibromialgia como una enfermedad.