El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (Cpfcm) tramitó en 2015 un total de 86 denuncias contra supuestos falsos profesionales sanitarios, la mayorí­a de ellas, por casos en los que se ejercí­a la Osteopatí­a y la Quiropraxia por personas sin titulación sanitaria y por publicidad engañosa, según informó a través de un comunicado.

En este sentido, el secretario general del Cpfcm, José Santos, explicó que tanto por ley, como para garantizar la seguridad de los pacientes, estas técnicas solo pueden ser aplicadas por un profesional que además de formación propia en estos tratamientos, tenga una titulación oficial en Fisioterapia, ya que se trata de técnicas que requieren conocimientos complementarios en anatomí­a, etc. Además, recordó que una persona sin titulación sanitaria no puede promocionar ni publicitar que ofrece tratamientos para paliar ningún tipo de patologí­a porque ni por ley, ni además, por capacidad, tiene competencias para ello. Sin embargo, Santos informó de que “la realidad es que nos encontramos con personas que aplican ese tipo de tratamientos tras haber recibido un curso de cuatro meses, incluso en muchas ocasiones, a distancia”. “Así­, movidos generalmente por una publicidad engañosa y por el desconocimiento inicial de los ciudadanos, éstos se ponen en sus manos sin saber ni el riesgo que corren, ni que en el caso de sufrir algún daño como consecuencia, estos falsos profesionales ni siquiera tienen un seguro de responsabilidad civil que responda ante el paciente”, añadió. Por este motivo, el Cpfcm, exigió a la Administración que limite y controle la actividad de estas personas que ejercen una actividad sanitaria sin contar con un centro autorizado por el Ministerio, ni una formación profesional oficial. Además, la institución colegial invitó a la Comunidad de Madrid a seguir el ejemplo de Murcia o del Paí­s Vasco. En estas Comunidades la publicidad de los centros de fisioterapia se visa, de manera que cuenta con un control de calidad sobre los términos utilizados que garantiza que los ciudadanos no puedan ser llevados a equí­voco por una publicidad engañosa.