El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) denunció este pasado viernes la que considera una “falta de voluntad polí­tica” de los poderes públicos españoles para asumir “con intensidad y celeridad” los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España. Es la conclusión a la que ha llegado la séptima reunión del Comité de Apoyo del Cermi para el seguimiento de la Convención en España, en la que se han evaluado los avances y aquellas cuestiones que todaví­a quedan pendientes para el adecuado cumplimiento de la Convención por parte de España.

El Comité de Apoyo, formado por instancias independientes de todos los sectores sociales con interés en los derechos humanos, ha analizado las implicaciones de algunos de los procesos legislativos en curso respecto de su impacto sobre los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. En este sentido, la Delegada de Derechos Humanos del Cermi, Ana Sastre, se ha referido al proyecto de reforma del Código Penal, “que podrí­a llegar a vulnerar gravemente los derechos y principios recogidos en la Convención si se aprobara sin modificar algunos de sus preceptos”.

Otras de las cuestiones evaluadas ha sido la reciente aprobación de la Observación General sobre el artí­culo doce del Tratado internacional que afectarí­a directamente al sistema de incapacitaciones judiciales vigente en España. En este sentido, el Comité de expertos de Naciones Unidas ha dejado claro que la limitación de derechos por razón de discapacidad, aun cuando exista una “presunción” de falta de capacidad mental para la toma de decisiones, es incompatible con el tratado internacional. El Estado deberá garantizar el apoyo para el ejercicio del derecho y no la sustitución ni la negación del mismo. Expresamente se hace referencia a la incompatibilidad con la Convención de la limitación del derecho de voto, de la esterilización no consentida y de los tratamientos involuntarios. En el ámbito de participación en los asuntos públicos y concretamente en el de la Administración de justicia, los expertos de Naciones Unidas rechazan la obstaculización en el acceso a las profesiones de juez, o a la participación en un jurado popular por razón de discapacidad.