El Cermi pide que la…

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha propuesto que la Ley de Parques Nacionales garantice el acceso y uso para todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, por lo que plantea que cambie su redacción para incluir a las personas con discapacidad para que su mención sea “positiva y en clave universal”.

Además, el colectivo reclama que se preste especial atención a la accesibilidad para personas con discapacidad y que se contemple un diagnóstico de la accesibilidad de los espacios de uso público y una propuesta de las actuaciones que garanticen su uso y disfrute para todas las personas. El CERMI ha planteado también que se incorpore al plan director de la red de Parques Nacionales que se incorpore el pleno uso y disfrute de todas las personas y que éste vele por la idónea accesibilidad de todos los elementos a disposición del público. Por ello, propone que se tengan en cuenta las necesidades de los trabajadores que tengan algún tipo de discapacidad y que garantice la correcta adaptación para sus puestos de trabajo.

A su juicio, el texto de la Ley deberí­a recoger también que los elementos destinados a uso público tendrán el pertinente análisis de accesibilidad para que puedan ser utilizados por todos los visitantes de la forma más autónoma, cómoda y segura posible, independientemente de sus desempeños funcionales. Asimismo, aspira a que estos elementos sean compatibles con los productos de apoyo que puedan utilizar los visitantes con discapacidad. Para ello, propone incorporar al Plan Rector de Uso y Gestión, un Plan de Gestión de la Accesibilidad Global.

El sector de la discapacidad ha demandado para este Proyecto de Ley, entre otras reivindicaciones, que se incluya la accesibilidad universal como un elemento a tener en cuenta en la elaboración de los instrumentos de planificación de los parques nacionales. Finalmente, considera que los tejidos asociativos de la discapacidad de los territorios de influencia de los Parques Nacionales deberí­an participar en algunos de los órganos consultivos, de colaboración y de coordinación previstos en el Proyecto de Ley porque trasladarí­a las necesidades y demandas de las personas con discapacidad, así­ como sus propuestas y planteamientos para una gestión inclusiva del mismo.