El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha planteado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que modifique la normativa de acceso de personas con discapacidad a la carrera judicial, para que ninguna persona con discapacidad con aptitudes para ejercer las funciones judiciales quede excluida de este tipo de responsabilidades públicas.

Según el Comité, no existe un procedimiento que permita tener un pronunciamiento previo del CGPJ sobre si las personas con discapacidad que aspiren a ingresar en la carrera judicial tengan garantí­as plenas de que su discapacidad sea compatible con las tareas judiciales, en caso de aprobar finalmente la oposición. La Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento de Acceso a la Carrera Judicial establecen una reserva del 5% en favor de personas con discapacidad, pero requieren que se acredite que la discapacidad sea compatible con la función de juez.

Con ese pronunciamiento, el aspirante podrí­a programar sin incertidumbres una oposición que suele llevar varios años de preparación, sabiendo que si concluye con éxito el proceso selectivo podrá ingresar en la citada carrera, pues su aptitud para el desempeño del puesto ya estarí­a acreditada. Esta petición del Cermi se produce poco después de conocerse el caso de Gabriel Pérez, el vallisoletano ciego licenciado en Derecho que quiere ser juez, que aguarda que la justicia responda a su pregunta sobre si, efectivamente, podrí­a ejercer como magistrado cuando aprobara las oposiciones correspondientes. Por último, Pérez formuló el 1 de julio de 2013 al CGPJ si le permitirí­a ser juez en caso de aprobar el examen correspondiente pese a su discapacidad. “No voy a parar hasta que me contesten”, declaró a Servimedia. Entonces le dijeron que la respuesta le llegarí­a en el plazo de un mes, algo que todaví­a no se ha producido.