El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) se congratuló el pasado sábado de que las personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33% vayan a seguir disponiendo de asistencia sanitaria pública en los mismos términos que hasta ahora.

Según informa el Cermi, estas personas continuarán recibiendo asistencia sanitaria con arreglo a lo dispuesto en la Ley 13/1982 de Integración Social de los Minusválidos (Lismi) y en el Real Decreto 383/1984 por el que se regulan las prestaciones sociales y económicas derivadas de la citada norma.

Como vení­a exigiendo el Cermi, el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, aprobado ayer por el Consejo de Ministros y publicado por el Boletí­n Oficial del Estado, por el que se regula la condición de asegurado y beneficiario del sistema nacional de salud, incorpora una disposición adicional especí­fica que declara expresamente vigente la cobertura sanitaria a las personas con discapacidad de acuerdo con el sistema de protección de la Lismi, es decir, con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

“Queda así­ fuera de toda duda la continuidad de esta atención para todas las personas con discapacidad reconocida oficialmente, como mantení­a el Cermi, y que se suscitó al establecer el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de reforma sanitaria, que la condición de beneficiario del sistema nacional de salud en el caso de las personas con discapacidad quedaba fijada para aquellas con un grado igual o superior al 65%”, explica esta organización.

A lo largo de la tramitación del Real Decreto publicado en el BOE, el Cermi ha planteado la necesidad de que se declarase expresamente vigente para las personas con discapacidad la regulación especí­fica procedente de la Lismi, que no ha sido derogada, a fin de ofrecer seguridad jurí­dica y evitar interpretaciones restrictivas por parte de las autoridades sanitarias encargadas de aplicar el nuevo Real Decreto.