El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado un informe en el que alerta de los “devastadores efectos” sobre el tercer sector social de la reforma de la Ley de Subvenciones que prepara el Gobierno.

El documento subraya la necesidad de tener en cuenta el “enorme peso” que el sector social de la discapacidad tiene en la cantidad y en la calidad de la atención que reciben las personas con discapacidad en España y recuerda que la acción pública en materia de discapacidad “es la suma de la actividad de las Administraciones Públicas y de la aportación de las entidades de iniciativa social”. Según recoge el informe, esta acción social pública “pero prestada por entidades sociales” se canaliza a través de dos mecanismos: el concierto y la subvención y subraya la importancia de los recursos económicos de procedencia pública, dado que “lo que se prestan son servicios públicos de responsabilidad de una Administración Pública, aunque el proveedor inmediato de los mismos sea una entidad social no lucrativa”.

Por último, para el CERMI este es el aspecto del anteproyecto de ley que más negativamente repercute en el sector social de la discapacidad, y ve “necesario corregir” en el trámite previo a su adopción como proyecto normativo, es la exigencia a todos las personas, incluidas las entidades no lucrativas de iniciativa social, que reciben una subvención pública de cofinanciar con recursos propios una parte significativa de la cuantí­a de la misma. Se trata, según esta organización, de un requisito que es “absolutamente contraproducente” para las entidades del tercer sector no lucrativo, ya que su efecto serí­a “devastador” para las organizaciones sociales de la discapacidad y para las polí­ticas públicas de discapacidad, que en gran medida son desplegadas materialmente por la iniciativa social bajo dirección y con financiación públicas.