El CERMI advierte de que habrá más manifestaciones si la administración ‘recorta y no dialoga’
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, advirtió el pasado lunes de que habrá más manifestaciones de personas con discapacidad, como la que se celebró el pasado sábado en Pamplona, si la Administración “recorta y no dialoga”.
Pérez Bueno reconoció, en declaraciones a Servimedia, que habrá más manifestaciones como la del sábado, “porque la situación es agónica e insostenible. Se pueden colapsar las estructuras de la discapacidad porque se reúnen varios elementos. Hay dinero aprobado que no llega y que provoca un gran ahogo en las organizaciones que prestan servicios.
Además, hay restricción en lo que se venía dedicando a discapacidad a través de conciertos, subvenciones, etc. Esto lleva a situaciones de insostenibilidad. Peligran no sólo los puestos de trabajo, sino también el bienestar y la forma de vida de miles de personas con discapacidad y sus familias”.
“Si a esto se une la cerrazón de las administraciones, que toman medidas duras, casi insoportables, sin diálogo, sin comunicación ni debate, parece que está creado el caldo de cultivo para las manifestaciones, para los actos de protesta”, agregó el presidente de Cermi.
Sin embargo, precisó que “yo no veo estas manifestaciones como algo dramático, sino como el ejercicio de un derecho de los ciudadanos de expresarse”.
El presidente del Cermi también fue crítico con la Ley de Dependencia. “En la discapacidad hay un sentimiento de ambivalencia con la Ley de Autonomía Personal. Sí a la norma, porque se respondió a las necesidades sociales en clave de derechos. Pero después está la expectativa que se creó, una expectativa exagerada. La dependencia es una provincia de un país más grande, que es la discapacidad, y no se quiso ver esta circunstancia. Cinco años después de su puesta en marcha se ve que las expectativas que levantó la norma no están a la altura de lo que se esperaba”, indicó.
Además, denunció que “hay dos millones y medio de personas con discapacidad que nunca van a ser consideradas en situación de dependencia. El sistema de atención, cinco años después tiene que ser revisado, algo que no se ha hecho, y además tiene que reorientarse hacia la Seguridad Social, porque si no, es injusto, insostenible e inequitativo. Oriéntadolo a la Seguridad Social tendría unidad en los desarrollos y una vocación de sostenibilidad que ahora mismo no tiene y que en un momento de crisis hace agua por todas partes”.