Es uno de los datos del estudio elaborado por la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Fí­sica de Gipuzkoa.

La Federación expuso en estos dí­as un estudio diagnóstico elaborado a lo largo de tres años sobre la situación y las necesidades de este colectivo en el territorio. Dos de sus miembros, Mikel Malkorra y Rosa Ugarte, comparecieron en la Comisión de Polí­ticas Sociales de las Juntas Generales para “reclamar” a las instituciones que “favorezcan la plena inclusión y participación social de las personas con discapacidad fí­sica”.

Los ámbitos de análisis fueron la discapacidad y dependencia, la residencia y su asistencia, la formación y educación, el empleo, la situación económica, el ocio, el transporte, la salud, el diagnóstico de exclusión social y la percepción del género. Un alto porcentaje de personas con discapacidad fí­sica no tiene estudios o no pasó de los estudios primarios, en concreto, el 47% de las 102 personas encuestadas, indicaron.

La dificultad de acceso a los estudios se traduce en “niveles inferiores de formación” en comparación con el resto de la población. Algo similar ocurre con el empleo. El 77,4% del colectivo es “pensionista”, mientras que el 20,6% está trabajando o buscando un trabajo.

Ugarte precisó que las pensiones “hacen un efecto anestesia” que aleja a estas personas de querer encontrar un trabajo. Así­, propusieron que se fomente el empleo digno, especialmente para los que conviven con una mayor discapacidad, y que se retiren las pensiones mientras se trabaje, pero que se recuperen al dejar el empleo.

“El 75% de estas personas no supera los 1.000 euros mensuales y el 50%, los 700 euros al mes”, informaron. De hecho, hay un 40% de personas usuarias de un recurso que entran en la “pobreza severa”. Es más, apuntaron que el 75% de los que viven en residencias, después de pagarla, solo tienen 163 euros restantes para vivir cada mes.

Por estos motivos, reclamaron a la instituciones públicas que actúen y compatibilicen las pensiones con la RGI, así­ como que garanticen “el derecho a un producto de apoyo”, como la asistencia o vehí­culos adaptados. El ocio y el transporte público tampoco están garantizados, a pesar de ser indispensables.