Warren Hill y Yokamon Hearn fueron declarados culpables por homicidio en sendos incidentes ocurridos en los estados de Georgia y Texas, respectivamente. Aunque sus abogados presentaron recursos avalados por exámenes médicos sobre las condiciones psicológicas de sus clientes, los jueces los consideraron carentes de argumentos e insistieron en aplicarles la inyección letal.

A pesar de la solicitud de la ONU, uno de los reos, Yokamon Hearn, de 33 años, condenado a la pena capital por el asesinato en 1998 de un hombre, fue ejecutado este jueves con una solo inyección letal, convirtiéndose así­ en el sexto ejecutado en Texas en lo que va del año y en el número 483 desde 1982.

La defensa argumentó infructuosamente que Hearn nació con discapacidad mental debido a que su madre ingerí­a bebidas alcohólicas durante su embarazo. El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, Christof Heyns, insta a Estados Unidos “a demostrar el liderazgo moral y legal que se espera de la gran democracia que es […] conmutando la pena de muerte contra Hill y Hearn, y a poner de manifiesto la importancia que da al derecho fundamental a la vida”.

Asimismo, alertó sobre el riesgo de que otros Gobiernos sigan este ejemplo y justifiquen la imposición de la pena máxima a quienes sufren esa discapacidad en vez aplicar medidas menos severas.

En 2002, la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. prohibió la ejecución de reclusos con limitaciones mentales, pero dejó a los estados decidir quién entra en esa categorí­a.

Los defensores de los derechos humanos afirman que la aplicación de la inyección letal se ha convertido en un caos. Alrededor de diez estados están experimentando con diferentes drogas, con muy poca cooperación entre sí­. En lo que va de 2012 ya han sido ejecutados en Estados Unidos 23 presos, según la ONG ‘Death Penalty’ (‘Pena de Muerte’).