Ecuador incluye la parálisis cerebral en las políticas sobre discapacidad
Ecuador afronta la parálisis cerebral como una problemática que hace parte de las políticas públicas implementadas por el gobierno del presidente Rafael Correa para abordar la discapacidad, con atención prioritaria. Aunque no existen estadísticas oficiales sobre el tema, un informe del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis) reportó 110.159 casos por causas congénito genéticas y 20.020 por problemas de parto, sobre un total de 345.512 personas con discapacidad.
La experta en el tema y directora de un centro privado de atención a personas con discapacidad, Elena Buitrón, comentó al respecto que “no se necesitan especificidades mayores, porque hay que tomar en cuenta a todas las personas con discapacidad, sea cual sea su dificultad”.
La Agenda Nacional de la Igualdad en Discapacidades 2013-2017 (ANID) reconoce la existencia de las siguientes discapacidades: física, visual, auditiva, del lenguaje, intelectual y psicológica.
En Ecuador, según la ANID, hay cinco federaciones que agrupan a las instituciones dedicadas a atender discapacidades graves, en tanto el Ministerio de Salud cuenta con mil 900 unidades operativas que atienden todo tipo de morbilidad de las personas con discapacidad.
En lo que se refiere a políticas públicas, Buitrón reconoció que el vicepresidente Lenín Moreno, quien padece paraplejia, “es el que realmente ha tomado a cargo la atención a la discapacidad, se han hecho muchas cosas en ese campo en general”.
La Constitución de 2008 garantiza la prevención de discapacidades, equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, atención especializada en instituciones públicas y privadas, asistencia permanente, educación especializada y atención psicológica gratuita.
En septiembre pasado, por empeño de Moreno, el gobierno del presidente Correa puso en vigencia la Ley Orgánica sobre Discapacidades, luego de que fuera aprobada por amplia mayoría en la Asamblea Nacional (Congreso unicameral).
Esa ley crea una nueva institucionalidad que ampara a ecuatorianos dentro y fuera del país y a los extranjeros que viven en Ecuador y busca asegurar la prevención, habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad y garantizar la vigencia de sus derechos.
Estipula, entre otras políticas, que la autoridad sanitaria nacional ejecutará el Programa Nacional de Genética Humana, para prevenir discapacidades, con “irrestricto apego” a los principios de bioética y a los derechos constitucionales y tratados internacionales.
Además, esa autoridad debe procurar que el país cuente con medicamentos e insumos gratuitos para distribuirlos de manera oportuna y permanente y crear condiciones para dar apoyo psicológico a las personas con discapacidad y a sus familiares.
La Ley Orgánica sobre Discapacidades da continuidad a otras iniciativas puestas en marcha por el gobierno de Correa, una de las cuales es la Misión Manuela Espejo, que otorga atención médica y fármacos gratuitos a los discapacitados.
La propia ANID se propone sensibilizar a la población sobre los derechos de las personas con discapacidad, además de integrarlas a la vida familiar, pública y política del país.
