Alrededor de 1.000 cientí­ficos titulares de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) podrí­an perder unos 6.000 euros anuales en 2014 a consecuencia de las nuevas escalas profesionales definidas en la Ley de la Ciencia, La Tecnologí­a y la Innovación de 2011.

Así­ lo afirmó el presidente de Administración Central de CSI-F, Francisco Camarillo, quien denunció “el oscurantismo” del Gobierno a la hora de negociar el real decreto que desarrolla esta ley y que, en teorí­a, deberí­a evitar dicha rebaja salarial. Según Rosa Mediavilla, del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), esto supondrá una reducción de entre el 15 y el 20% en el sueldo de algunos trabajadores del Consejo Superior de Investigaciones Cientí­ficas (CSIC), y de todos los cientí­ficos titulares del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, el IGME, el Instituto Nacional de Investigaciones y Tecnologí­a Agraria y Alimentaria, el Instituto Español de Oceanografí­a y el Instituto de Salud Carlos III.

La Ley de la Ciencia establece que el 1 de enero de 2014 todos ellos debí­an equipararse a la escala más baja de las tres que ésta contempla, con lo que perderán 3.000 euros en retribuciones complementarias y otros 3.000 de productividad. Para compensarlo, se recoge la creación de un complemento personal transitorio y la posibilidad de acceder al cobro de quinquenios y sexenios (inexistente hasta ahora) para estos trabajadores, en sustitución de la productividad.

Sin embargo, prosiguió Camarillo, la ley no define “ni los criterios exigibles para acceder a estos complementos, ni cómo funcionarán, ni cuánto” supondrán, con lo que “nos tememos lo peor”. “Aún no se ha empezado a aplicar”, lo que “no quiere decir que de repente no lo aprueben y tenga carácter retroactivo”, destacó. Además, Camarillo exigió “transparencia” al Gobierno a la hora de negociar el real decreto que desarrolla dicha previsión, pues “la secretaria de Estado de I+D ha señalado que este texto ya está muy avanzado y que se ha contado con todos”, cuando “por lo menos con nosotros no se ha mantenido reunión alguna”.

Por último, a dí­a de hoy, el proceso está prácticamente finalizado sin que la Administración haya informado a las organizaciones sindicales, lamentó Mediavilla, para quien “esta opacidad nace en la Secretarí­a de Estado y continúa en todos y cada uno de los directores de los OPIs, que sistemáticamente se están negando a informar de estos cambios a los funcionarios”. Por eso, reclamó que se escuche y se negocien de una vez con los representantes de los trabajadores las condiciones que afectan a su trabajo.